La formación política defiende en su primer escrito -remitido el pasado diciembre a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia- que estas peleas son ilegales desde 2007, cuando una ley nacional (la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio) prohibió utilizar animales en peleas en todo el territorio nacional, sin excepciones.

El Partido Animalista recibió la respuesta del viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens, que alega carecer de competencias “para intervenir, instruir o resolver actuaciones” relacionadas con la celebración de estas peleas, arguyendo que las competencias de la Consejería y la Viceconsejería se limitan al ámbito de los animales de compañía.

“Desde Pacma hemos presentado recurso contra esta resolución, dado que la Consejería y Viceconsejería son las competentes en materia de asociaciones y estas peleas se están organizando y celebrando por entidades amparadas, precisamente, en su registro como asociaciones", apuntaron este jueves fuentes de la formación animalista.

“CRUELES E IMPROPIAS”

Junto al escrito, presentaron pruebas fehacientes de que algunas de estas peleas tienen lugar en instalaciones deportivas de titularidad municipal, lo que implica que se están celebrando no solo con conocimiento sino, incluso, con colaboración de los ayuntamientos, y la Consejería es el departamento competente en materia de régimen local.

“No vamos a permitir que el Gobierno de Canarias continúe escurriendo el bulto y, si es necesario, iremos a los tribunales", explicaron desde el departamento legal del Partido Animalista.

En este sentido, el Pacma apuntó que “las peleas de gallos, además de crueles e impropias de una sociedad moderna, como ya decía la Ley de Protección de los Animales de Canarias hace 35 años, es una actividad expresamente prohibida desde 2007 y no pueden continuar celebrándose, encima, con la aquiescencia y complicidad de las instituciones públicas”.