La querella se fundamenta en el uso de informes técnicos “presuntamente falsos, por inexactos”, según el Pacma, que fueron aportados por el Gobierno asturiano para justificar en los tribunales sus resoluciones de captura y muerte de lobos en Asturias.

Sin embargo, la Fiscalía considera que los hechos denunciados no presentan relevancia penal suficiente para su investigación, al entender que los “errores o desaciertos” en informes periciales quedarían fuera del ámbito penal.

Igualmente, el Fiscal obvia y no emite pronunciamiento alguno sobre la actividad posiblemente prevaricadora denunciada, al haberse aprobado una resolución administrativa contraria a la normativa nacional e internacional que prohíbe la muerte de lobos en el estado actual de población desfavorable de dicha especie protegida.

El Pacma rechazó “frontalmente” esta interpretación al subrayar que el Ministerio Fiscal debe velar por la investigación de hechos tipificados en el Código Penal, entre ellos la falsedad de informes periciales y su uso en los tribunales, y la prevaricación al dictarse “resoluciones injustas con pleno conocimiento de su injusticia”.

Esa formación política apuntó que admitir como irrelevantes datos inexactos en informes periciales y usarlos en los órganos de administración de justicia abre la puerta y perpetúa "la impunidad absoluta" en la aprobación de resoluciones administrativas que derivan en la “muerte injustificada” de lobos ibéricos.

CANTABRIA

La Justicia ha actuado de manera diferente en el contexto cántabro donde, por una querella similar, se sentarán en el banquillo los altos cargos que autorizaron la caza de lobos.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander ha acordado incoar diligencias previas y citar a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria y el director general de Montes y Biodiversidad por presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte, con lo que serán los primeros responsables políticos en España que deberán rendir cuentas en vía penal por el cupo de caza del lobo ibérico aprobado para la temporada 2025/2026.

La Comisión Europea recordó el pasado 8 de diciembre en una pregunta parlamentaria que los países de la UE deben garantizar que cualquier explotación del lobo sea compatible con el mantenimiento de un estado de conservación favorable, y advirtió de que, sin cuotas claras ni fundamento científico, no es posible determinar los efectos de la caza sobre el estado de conservación de la especie.

Además, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que el artículo 14 de la Directiva sobre los Hábitats prohíbe legislación autonómica que autorice la caza del lobo cuando su estado de conservación es “desfavorable-inadecuado”, como ocurre en España.