El Toro Jubilo es actualmente el único toro de fuego que se celebra en Castilla y León. El Partido Animalista aseguro que "no sorprende la declaración, pero sí el momento".

"La Junta de Castilla y León es plenamente consciente, porque es parte demandada, de que el Toro Júbilo está ahora mismo inmerso en un contencioso-administrativo que gira en torno a su ilegalidad. También sabe que el festejo fue declarado ilegal, por carecer de base legal y reglamentaria", explicaron desde el Pacma.

Si bien esa sentencia del juzgado fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia, no fue porque este último considerara lo contrario, sino por considerar que el acuerdo recurrido no era recurrible en vía judicial.

Desde el Pacma destacaron la “mala fe” de la Junta de Castilla y León. “El Toro Jubilo fue declarado espectáculo taurino tradicional en 2002. A lo largo de estos casi 25 años ni el pueblo de Medinaceli, ni su Ayuntamiento, ni siquiera la Asociación Toro Júbilo, o la propia Junta de Castilla y León, han mostrado ningún interés en declarar el festejo BIC”, apuntaron.

Esa iniciativa partió el año pasado del PP, que presentó la proposición no de ley para instar a la Junta a incoar el procedimiento de declaración de BIC, con “la evidente finalidad de entorpecer cualquier acción judicial”, según el Pacma.

Respecto a los motivos jurídicos por los que el Toro Júbilo no puede ser declarado BIC, el Partido Animalista recalcó que, aunque se mencionan muchos documentos históricos que supuestamente acreditan la antigüedad de más de 200 años de este festejo, "la realidad es que la Junta no ha podido aportar ni uno sólo al procedimiento".

"Esto se suma a que los informes recabados de supuestos expertos son un despropósito. Uno de ellos llegó a afirmar, literalmente, que el toro no sufre porque el sufrimiento corresponde únicamente a los seres humanos”, recalcó el Pacma.

Por ello, el Pacma consideró que declarar el Toro Jubilo como Bien de Interés Cultural carece de base legal y reglamentaria, pues estaría contraviniendo el principio de legalidad.