Actualmente, y en virtud del acuerdo firmado con CCOO y CEOE en abril de 2001, el Gobierno tiene plazo hasta 2013 para que las pensiones no contributivas se paguen vía impuestos. Cada año, la Seguridad Social aporta más de 600.000 millones de pesetas a este concepto.

Los partidos coinciden en la conveniencia de acortar ese lazo, aunque las discrepancias surgen a la hora de plasmarlas en el texto definitivo del nuevo acuerdo político sobre pensiones. Hoy se celebró la segunda reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, que abordó este asunto.

Los diputados barajan tres opciones: la primera de ellas pasa por fijar un plazo más corto a los 12 años marcados en el acuerdo; la segunda, que el Estado se pasara a considerar deudor de la Seguridad Social por esas aportaciones; y la tercera, y con más probbilidades de salir adelante, determinar que dicho proceso se acometa "lo antes posible", que es la que defiende el PP, según explicó su portavoz en la Comisión, Tomás Burgos.

Los populares no abogan por fijar un menor plazo que el estipulado en el acuerdo para ser respetuosos con el mismo, y para dejar, además, margen a los futuros gobiernos ante la evolución de la economía.

El PSOE aboga, por otro lado, por que el Gobierno fije en el Pacto de Estabilidad que remite a la Comisión Europea informacón sobre cómo van a evolucionar los tipos de cotizaciones sociales. Actualmente sólo se determina la evolución del gasto en pensiones.

Los socialistas quieren que se marque qué tipo de cotización va a ser necesario para hacer frente a dicho gasto en pensiones, según explicaron fuentes del partido.

Socialistas y populares coinciden en reafirmar que las prestaciones contributivas deben financiarse de forma exclusiva con los ingresos por cotizaciones.

En la próxima reunión, que tendrá lugar el ueves, se abordará el punto del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la constitución y futuro del fondo de reserva.