El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, dijo a Servimedia que, si la entrega de estos fondos a SA se produce una vez entre en vigor la citada reforma, los responsables de "cualquier acto ejecutivo" elacionado con la entrega de este dinero podrían ir a la cárcel.

Esta pena de prisión está contemplada en el cambio del Código Penal que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 28 de noviembre, por el que se modificó el artículo 576 bis, lo que supone que podrán ser condenados a entre 3 y 5 años de cárcel los que entreguen dinero público a partidos o grupos ilegalizados.

El portavoz de la APM opinó que, de acuerdo con esta reforma, "esos actos de entrega de fondos a cualquier asociacióno grupo ilegal podrían tener indicios bastantes de ser constitutivos de delito".