Según informaron a Servimedia fuentes de CiU, ésta es una de las modificaciones que los nacionalistas catalanes van a plantar a la proposición de ley para reforzar la seguridad de los concejales, iniciativa que pactaron PP y PSOE y cuyo plazo de enmiendas acaba hoy en el Congreso.

Las fuentes consultadas aseguraron que la formación de Jordi Pujol considera que la disolución de un ayuntamiento y su paso a manos de una gestora, como contempla la propuesta de populares y socialistas, debe ser una "solución relativamente excepcional".

Por esta razón, CiU sugiere que, cuando un consistorio apoye a ETA o a su entorno se prceda a la convocatoria inmediata de elecciones. El objetivo, según este grupo político, es que la disolución sea una "segunda opción", tras haber dado una nueva oportunidad a los habitantes del municipio.

En el caso de que estos comicios extraordinarios no solucionasen el problema, los nacionalistas aceptan que entonces se aborde la disolución y control por una gestora del ayuntamiento hasta las siguientes elecciones, pero mediante un procedimiento distinto al pactado por PP y PSOE.

En concreto, egún figura en otra de las enmiendas, CiU entiende que quien aborde la disolución deben ser los gobiernos de las comunidades autónomas, y no el Consejo de Ministros, como figura en la proposición de ley.

Otra de las enmiendas que presentarán los nacionalistas catalanes es que se aumente la gravedad de los delitos que una persona debe cometer contra las instituciones del Estado para ser inelegible en unas elecciones.

Para la formación de Pujol, el texto debe modificarse para que sólo pueda afectara quienes cometan delitos castigados con más de tres años de cárcel, de manera que no pueda aplicarse este supuesto a quien, por ejemplo, se le impone una multa por injurias a las Fuerzas de Seguridad.