De la Cruz denunció a Servimedia que, desde hace dos meses, el Departamento de Balza está pidiendo a las empresas de seguridad contratadas una mayor información en los partes de cada servicio "hasta límites inimaginables", como el nombre de las personas con las que cena el protegido, o el restaurante o el nombre de las personas a las que va a visitar a su casa el in de semana, por ejemplo.

"Estos controles sobre la intimidad son impresentables e incomprensibles", dijo De la Cruz, para añadir que los escoltas "somos contratados para velar por la seguridad, pero no para contar la vida de los protegidos a nadie".

Según ASES, que representa el 60% de los escoltas privados en el País Vasco, como muchos de estos trabajadores se están negando a aportar datos confidenciales respecto a su trabajo, "han comenzado a producirse los despidos en cadena, 10 en Navarra (n Tafalla y en Olite) y otros 5 en el País Vasco", además de incrementarse el número de sanciones.

De la Cruz añadió que la ley de seguridad privada impide aportar más detalles de la vida de los protegidos que los estrictamente necesarios, como los horarios y las novedades importantes acaecidas.