“Es una muestra de cooperación institucional entre administraciones de distinto signo político y confirma que la colaboración puede sumar capacidades y avanzar en objetivos comunes al servicio del interés general”, dijo Díaz sobre esta doble sede.

La ministra de Trabajo detalló que esta decisión se apoya en una trayectoria amplia de este modelo económico en las islas, con sus cooperativas, sociedades agrarias y cofradías de pescadores, que han sido “esenciales históricamente para la vida económica canaria” y han hecho que la economía social se extienda a la educación, la industria, el transporte y los servicios en el territorio.

En los últimos años, Canarias ha reforzado este impulso con instrumentos concretos como la Ley de Economía Social de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias; el Libro Blanco de la Economía Social de Canarias, la Comisión y el Catálogo Canario de Entidades de Economía Social; la celebración del Foro de Economía Social; y la próxima Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029, como apuntó la vicepresidenta segunda.

CAPITALIDAD DE LA ECONOMÍA SOCIAL

La Capitalidad de la Economía Social se creó en 2021, durante la anterior legislatura, como medida para fomentar un mayor conocimiento de la Economía Social, el ecosistema de empresas que conforman las cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción o mutualidades entre otros.

Antes de Mataró este año le precedieron Murcia, Valencia, Donostia, Santiago de Compostela y Teruel. Toledo inauguró en 2020 esta titularidad, pero como Capital Europea de la Economía Social.

En el caso de Canarias, Díaz subrayó que “la insularidad, la crisis climática, la dificultad de acceso a la vivienda y su papel de frontera sur de Europa, con las necesidades de acogida e inclusión de quienes llegan, demandan respuestas coordinadas, sostenibles y pegadas al territorio”.

Esta capitalidad permitirá situar estos desafíos en el centro del debate, desde la experiencia y el buen hacer de las entidades canarias. La decisión cuenta con el respaldo de las entidades representativas de la economía social canaria y española representadas en Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes).