Así se desprende de un artículo de su último Boletín Económico, que hace una serie de conclusiones a partir de la Encuesta Financiera de las Familias y señala que los ingresos de los parados como consecuencia de la pandemia habrían caído en un 100% de no ser por las ayudas públicas, que mitigaron este descenso hasta situarlo en el 30%.

Estas cifras son relevantes sobre todo si se tiene en cuenta la afectación de la crisis sanitaria sobre el empleo. Según los resultados publicados este martes, el 28% de los trabajadores de entre 18 y 64 años experimentaron alguna pérdida o caída de este tipo en el período considerado, la mitad de ellos durante más de seis meses.

El 44% de estas personas se vio envuelto en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por lo que sufrieron una suspensión temporal de su contrato. Un 26%, por su parte, perdió su empleo por despido o cierre de negocio, mientras que el 30% restante experimentó caídas temporales totales o parciales de renta no asociadas a ninguno de los dos fenómenos anteriores.

En cuanto a la duración por tipo de pérdida de empleo o de ingresos, mientras que las pérdidas de empleo tuvieron mayoritariamente duraciones superiores a seis meses, las suspensiones de contrato cubiertas por un ERTE tuvieron principalmente duraciones de menos de seis meses.

Respecto al tipo de ayudas públicas, el Banco de España recordó que durante la pandemia operaron dos tipos: las que ya estaban disponibles antes del inicio de la pandemia —tales como el subsidio de desempleo— y las que se implementaron a lo largo de la pandemia —como la mejora en las condiciones asociadas a los ERTE—.

Cuando se consideran las pérdidas o caídas de larga duración (de más de seis meses), se observa que aproximadamente el 60% de las ayudas públicas que recibió este colectivo provinieron de ERTE, y en torno a un 40%, de subsidios de desempleo.

En este sentido, el estudio señala que la caída de la renta laboral mensual mediana entre los afectados de más duración pasaría del 55% al 36,7% si se consideran solo las medidas que ya estaban disponibles antes de la pandemia, frente a la reducción hasta el 21% cuando se consideran todas las ayudas.