En su declaración en el juicio por el 'caso mascarillas', insistió en que su “equipo tomó una decisión acertada” al comprar cinco millones de mascarillas a esta empresa y añadió que a ella simplemente se le comunica que todo “es conforme a Derecho”, por lo que se limita a ratificar la decisión de contratar con Soluciones de Gestión y a llevarla “al consejo de administración”.

El Supremo cierra este miércoles la segunda semana del juicio por presunta corrupción en los contratos de compra de mascarillas en pandemia con la declaración de la expresidenta de Adif, investigada en la Audiencia Nacional por enchufar supuestamente en una empresa pública a Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos.

Pardo de Vera explicó al tribunal al inicio de su comparecencia que al estar imputada sólo por la contratación de Rodríguez, iba a responder a las preguntas sobre los contratos de compra de mascarillas. En respuesta al fiscal explicó que en marzo de 2020 en plena pandemia le llegó una orden del Ministerio de Transporte para la compra de una cantidad predeterminada de tapabocas.

Según su relato, en medio del estado de alarma y con falta acuciante de material sanitario hay una primera orden ministerial en la que se encomienda a Puerto del Estado la compra de ocho millones de mascarillas. La escasez de material sanitario hace que se recomiende a Adif la compra de cinco millones de mascarillas en menos de una semana.

Relató también que había “conversaciones” en el Ministerio de Transportes sobre la compra de material sanitario, señalando que en esos momentos, “los únicos suministros posibles eran desde China y solo se podía embarcar ese material gracias a la gestión de Adif. A partir de ahí, de acuerdo al artículo 120 del Sector Público que rige los contratos de emergencia, hicimos la tramitación que requiere según la ley por el Ministerio. La cifra de cinco millones de mascarillas venía definida en la propia orden ministerial; solo sé que la redactó la Secretaría General Técnica, pero desconozco quién la definió”.

Pardo de Vera recordó que no tuvo ninguna intervención en el diseño de las necesidades de material sanitario ni tampoco la determinación de la cantidad de mascarillas que se compraron. Sobre quien adoptó la decisión última sobre el proveedor dijo que, “evidentemente, la orden la firma el ministro”, aunque dijo no saber “quien le asesoró".

La ex presidenta de Adif explicó ante el Supremo que nunca supo que el supuesto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, estaba relacionado con Soluciones de Gestión. Reconoció, sin embargo, que conocía al comisionista con anterioridad y que incluso se lo había encontrado en el despacho del ministro Ábalos con Koldo García en alguna ocasión.

De hecho, relató, “para ser una persona externa al Ministerio, a mí me daba la impresión de que estaba con más asiduidad que lo que corresponde a una persona que tiene una cita con el ministro”. En cierta ocasión, le llegó a contar a Ábalos que le preocupaba encontrarse al comisionista allí cuando él no estaba, a lo que el ex ministro le respondió que ”no era normal y que tomaba nota".

La exresponsable del operador ferroviario explicó que desde Adif se depositó el dinero de las mascarillas “en el banco Sabadell”. Ese dinero se iba “liberando” a medida que se recibía el número de mascarillas contratadas y que cumplieran las condiciones de “calidad” y “plazo” de entrega. “No había ningún riesgo en la tesorería. Adif puso barreras suficientes para no poner riesgo alguno. La operación fue impecable por parte de Adif”, defendió.

CURRÍCULUM

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, preguntó también a la testigo por la contratación de Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, que gestionaban proyectos con Adif.

Pardo de Vera reconoció que recibió un mensaje de Koldo García con el currículum de Jéssica Rodríguez, que le reenvió a la presidenta de Ineco, pero insistió en que simplemente reenvió su currículum sin darle “mayor importancia”. Y remachó que “no conocía quién era la señora ni sabía para qué venía”. Y dijo que entendió que el encargo venía del ministro.

La testigo aseguró que no llegó a saber el destino de esa gestión y que no supo quien la había contratado. Más adelante se le informó de que no era posible dar continuidad a un contrato en Ineco y fue entonces cuando se enteró de que el ministro tenía o había tenido una relación con Rodríguez. Entonces le comunicó directamente a Ábalos que no se podía mantener el contrato y el exministro le contestó que lo que ella hiciera estaba bien.