En concreto, la Mesa del Parlament, a propuesta de la presidenta de esta Cámara, Laura Borràs, acordó impulsar diversas medidas en respuesta a este caso que afecta a más de 60 ciudadanos. El objetivo de este acuerdo es denunciar la “grave vulneración” de derechos fundamentales que supone el supuesto espionaje.

Tal y como indica el Parlament catalán en una nota, este acuerdo también contempla emprender acciones para conseguir mejorar la ciberseguridad de esta institución y concienciar a los diputados y al personal de la Cámara de la importancia de la seguridad y las “buenas prácticas” en el ámbito virtual.

Entre las medidas aprobadas destacan la puesta en marcha de un servicio de protección contra el espionaje digital en el Parlament catalán, presentar una denuncia en nombre de los diputados afectados con el acuerdo correspondiente de la Mesa y la aprobación del Pleno, y la organización de jornadas formativas de ciberseguridad para los diputados y trabajadores de este Cámara.

Asimsimo, Borràs envío a cámaras legislativas europeas, organismos internacionales y mandatorios con quien ha mantenido contacto una carta con el dosier de este supuesto caso de espionaje mediante el programa Pegasus para denunciar este caso.

Al mismo tiempo, Borràs propuso crear un grupo de trabajo vinculada a la Comisión de Asuntos Institucionales para estudiar la seguridad de los sistemas informáticos de los diputados ante posibles ciberataques. Además, la Junta de Portavoces, con el apoyo de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem, aprobó una declaración para denunciar este supuesto espionaje.