Esta ley, aprobada con el voto a favor de Esquerra Republicana, PSC, Comuns y CUP, ha contado con los votos en contra de Junts, PP, VOX y Aliança Catalana. Esta nueva regulación pretende así solventar una de las brechas por las que se escapaba la regulación de precios del alquiler de vivienda y que permitía a los arrendatarios poner precios libremente a pesar de que Cataluña se declaró Zona Tensionada hace más de un año.

La ley establece diferencia los alquileres por vacaciones de aquellos por motivos profesionales, estudios o salud, por ejemplo. Es decir, si un alquiler -aunque sea de duración temporal- está destinado a vivir y no a ocio, deberá estar sujeto al tope de precios.

Además, la ley también establece un refuerzo de la inspección de la vivienda turística y los inspectores pasan a ser agentes de la autoridad, se concreta el destino de las fianzas que los caseros depositan en el Incasol y se amplían los ámbitos en que la Administración puede ejercer el derecho de tanteo y retracto.

Esquerra Republicana, quien recordó que esta aprobación llega un año y medio tarde, ya que el Gobierno republicano de Pere Aragonès intentó aprobar una normativa similar pero se encontró con la abstención del PSC, celebró la aprobación de esta normativa. "Esto pondrá punto final a la picaresca de algunos propietarios que querían enriquecerse con alquileres destinados a vivir en ellos", sentenció la formación independentista.