Según un comunicado divulgado por el principal partido de la oposición, el PP ha respaldado que vuelva a analizarse la cuestión por parte de los eurodiputados, “después de comprobar que el Gobierno catalán se encuentra en rebeldía y no ha cumplido las recomendaciones del informe que este órgano emitió hace un año”.

En dichas recomendaciones, se reclamaba que el catalán y el castellano recibieran el mismo trato en las horas de enseñanza y curriculares. Sin embargo, los populares denuncian que “ni la amonestación de la Eurocámara ni el cambio de gobierno en Cataluña han hecho cambiar las reglas lingüísticas” en la comunidad. De hecho, lamentan que, en enero, la consejera de Educación catalana, la socialista Ester Niubó, envió una carta a la comisión de Peticiones donde negó toda discriminación y aseguró, “en contra de las evidencias”, que se cumplen las sentencias relativas al español.

En este contexto, el PP anunció que la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), Ana Losada, volverá a comparecer en la Comisión de Peticiones a mediados de mayo “para denunciar que la falta de continuidad de la misión de eurodiputados que visitó Cataluña en diciembre de 2023 y que dejó clara la realidad que se está viviendo en estos momentos”.

“No podemos tolerar que se siga señalando a los alumnos y familias por hablar, querer o sentir en la lengua que quieran”, afirmó la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo y futura secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, quien subrayó que la Eurocámara “no se quedará de brazos cruzados viendo cómo la Generalitat incumple sistemáticamente la llamada de atención formal aprobada en Pleno sobre la necesidad de cumplir las sentencias del 25%”.

Montserrat afirmó que la delegación de eurodiputados que viajaron a Cataluña quedaron impactados por el relato de las familias sobre la voluntad del Gobierno autonómico de eliminar el español de la escuela catalana. Y acusó al independentismo de llevar “años” incumpliendo sistemáticamente las sentencias judiciales, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las recomendaciones de Europa en todo lo relativo al uso del castellano y el catalán en las escuelas.

“Los mismos que piden la inclusión del catalán en las instituciones europeas son los que perpetran una persecución lingüística contra el castellano en la vida pública en Cataluña, ahora con la complicidad de un PSC liderado por Salvador Illa que ha renunciado a luchar contra el acoso y el adoctrinamiento que sufren diariamente miles de familias solo por elegir el castellano como su idioma”, lamentó.

A su juicio, el Gobierno tiene que respetar y hacer respetar las sentencias judiciales, pero cree que en la Moncloa están dispuestos “a tolerar los abusos lingüísticos y la persecución cultural” con tal de no “enfadar” al nacionalismo catalán y seguir en el poder “una semana más, aunque eso suponga la ruptura de la convivencia”.