En cuanto a la primera proposición no de ley, fue defendida por la ‘popular’ Maria Lourdes Ramírez, que aseguró que el sistema de autoprohibición voluntaria de acceso al juego “es sin duda una herramienta necesaria” y exigió ampliar el plazo mínimo de la autoprohibición a un año.

“No se trata de castigar ni de limitar derechos, se trata de proteger, de reducir riesgos y de evitar daños irreversibles. Se trata de impedir que la recuperación se rompa por una decisión administrativa tomada demasiado pronto”, abundó, al tiempo que indicó que el actual plazo, de seis meses, “puede ser suficiente para algunos perfiles, pero para muchos otros suponen una falsa sensación de control, una puerta abierta a la recaída al endeudamiento, al deterioro familiar y en los casos más graves a la exclusión social”.

Por ello, estimó que ampliar el plazo a un año “es coherente con los criterios clínicos, con la experiencia acumulada y con las recomendaciones reiteradas de la asociación especializada”.

Junto a ello, explicó que el texto “aborda una cuestión especialmente grave”, como es la salida del sistema de autoprohibición. “Hoy una persona puede solicitar la baja del registro una vez cumplido el plazo mínimo sin una evaluación previa, sin seguimiento psicológico y sin analizar posibles recaídas o situaciones de especial vulnerabilidad”, denunció.

MECANISMOS COMPLEMENTARIOS

“Nuestra propuesta plantea estudiar mecanismos complementarios de seguimiento, apoyo psicológico y evaluación previa a la baja, especialmente en caso reincidente o clínicamente complejo, no para controlar, sino para cuidar, no para limitar, sino para proteger”, resolvió.

Por Sumar, Rafael Cofiño subrayó su apoyo a implementar mecanismos de acompañamiento, de seguimiento, de apoyo psicológico y evaluación y, en relación con la ampliación del plazo a un año, defendió que “es una modificación que tiene una relevancia”, con “pros y contras” y urgió a “evitar esta culpabilización partidista con lo que a veces se utilizan ciertas decisiones”.

Por Vox, Tomás Fernández afirmó que este registro “constituye una herramienta fundamental dentro de las políticas públicas de prevención y protección frente a la ludopatía en España” y advirtió de que las personas que deciden darse de baja de la lista a los 6 meses “tienen muchas posibilidades de recaer nuevamente”.

Por el PSOE, Olvido de la Rosa sugirió que “antes de adoptar una medida a este alcance es imprescindible contrastarla, realizando los estudios previos necesarios, evaluando con rigor las consecuencias reales que dicha medida pueda tener”.

PROTECCIÓN PROLONGADA

“El sistema ya permite una protección prolongada sin necesidad de introducir rigideces adicionales”, abundó, al tiempo que criticó que la proposición del PP “parte de una visión equivocada del sistema, al tratarlo en algunos términos como una medida coercitiva”, convencida de que el plazo mínimo actual de 6 meses “responde a un equilibrio entre la protección y la libertad individual”.

Tras avanzar que los socialistas no se “niegan a su ampliación”, sostuvo que proponer su ampliación a un año "sin los estudios que avalen una mayor eficacia puede poner en riesgo el propio funcionamiento del sistema y su utilidad real". "Debemos ser conscientes de que un sistema excesivamente rígido para estas personas en la fase inicial puede generar efectos contraproducentes como la sensación de pérdida de control por parte de la persona o lo que es más grave, el desplazamiento hacia el juego ilegal durante ese tiempo", agregó, al tiempo que rechazó la propuesta de introducir evaluaciones psicológicas obligatorias como requisito para salir del registro.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Por lo que respecta a la proposición no de ley sobre medidas de prevención y tratamiento de la ludopatía online, aprobada por 18 votos a favor y 18 abstenciones, Elena Castillo advirtió de que “el juego online es hoy la segunda causa de ludopatía en España y la que más rápido crece” y defendió que esta moción era “ante todo una llamada a la coherencia política y moral”.

En este sentido, aseveró que el texto propone “algo tan razonable como justo”, esto es “que se invierta como mínimo la misma cantidad en prevenir y tratar la ludopatía de la que se destina a promover el juego” así como avanzar en el conocimiento científico de esta adicción, mejorar los tratamientos, formar a los profesionales y lanzar campañas “claras, valientes y directas” dirigidas a los jóvenes, a las familias ya los educadores.

“Esta moción no va de ideologías, va de personas, de proteger a quienes no siempre tienen voz. Va de enviar un mensaje claro a la sociedad, la salud, la dignidad y el futuro de nuestros jóvenes están por encima de cualquier interés político”, apostilló.

El PSOE presentó una enmienda que fue rechazada y el senador Rafael Rodríguez afeó el “tono populista y desinformado” de la iniciativa en torno a un "tema tan relevante” y anunció su abstención “por el tema, no por el modo de plantearlo”, convencido de que “es una moción que carece por completo de información”, además de que “desconoce la materia, manipula los datos y acusa falsamente a un gobierno que lleva trabajando sobre esta materia más que nunca”.

Por Sumar, Carla Delgado advirtió de que la prevención de ludopatía y del trastorno de juego “exige rigor, evidencia científica y políticas sostenidas”.

Por Vox, Tomás Fernández defendió el “diagnóstico acertado” que hace el PP en su proposición, que, a su juicio, “coincide con la evidencia clínica y epidemiológica disponible”, si bien el texto “adolece de relevantes carencias técnicas y operativas que comprometen su eficacia real”, razón por la cual pidió “medidas estructurales concretas y viables”.