Por ello, las cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Junta de Castilla-La Mancha, adoptar de forma “urgente” un plan de actuaciones para “salvar” las Tablas de Daimiel.

Concretamente, han enviado a ambas administraciones una propuesta de Marco de Actuaciones para las Tablas de Daimiel, tal y como se ha hecho en otros espacios naturales protegidos, como el Parque Nacional de Doñana o el Mar Menor.

Los ecologistas indicaron que el espacio protegido castellanomanchego se encuentra en una “dramática situación”, por lo que el documento de propuestas incluye “elementos básicos y pasos a seguir” para alcanzar los objetivos de conservación que establece la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la naturaleza de la UE.

No obstante, apuntaron que la situación hidrológica de las Tablas de Daimiel está ocasionando “uno de los mayores y más dramáticos descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009”.

En la actualidad, apenas 100 hectáreas de las 3.030 del parque nacional tienen algo de agua y la fauna del humedal está “prácticamente desaparecida”, lo que implica que se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales.

“A pesar de la conocida influencia de los regadíos en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, no se han tomado medidas eficaces ni siquiera para empezar a revertir la situación”, recalcaron.

El nivel de extracciones ilegales sin derechos en el acuífero 23 es de 50.000 hectáreas y 92 hectómetros cúbicos (hm3), 10 veces superior en superficie y cuatro veces en volumen que la extracción de los acuíferos que alimentan Doñana o el Mar Menor, lo que provoca un descenso de dos metros anuales de los niveles de agua subterránea y un déficit continuado del acuífero que llega hoy a superar los 1.500 hm3.

“MAYOR CONTUNDENCIA”

A pesar de los 250 millones de euros en medidas agrarias invertidos desde 1994 para reducir la extracción de agua destinada a regadío, “no se han conseguido crear cambios estructurales profundos que faciliten el aporte de agua subterránea al humedal y evite la pérdida de los valores que hacían merecedoras a las Tablas de Daimiel de la calificación de Parque Nacional”, según las ONG.

“El problema es que se continúa gastando mucho más en medidas agrarias que conllevan un incremento de las superficies de regadío, como las destinadas a reestructuración del viñedo o a la modernización de regadíos”, añadieron.

Las organizaciones exigieron “un papel relevante y coherente” a la Junta de Castilla-La Mancha, para reducir la superficie de regadío y de las extracciones ilegales utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural, y reclamaron “medidas económicas ambiciosas para cambiar hacia un modelo productivo no dependiente del agua”.

Las organizaciones ecologistas celebraron que “poco a poco” aumente la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales, pero pidieron “mayor contundencia” y más recursos para terminar con “la impunidad en el robo del agua”, ya que desde 2018 apenas se han clausurado pozos en un 1,07% de los expedientes sancionadores y que las superficies liberadas apenas representan un 10% del total de superficie ilegal cuantificado por estudios independientes, que se cifra en más de 51.000 hectáreas solo para el acuífero 23.