Gámir hizo estas manifestaciones en un debate celebrado en l Club Siglo XXI con representantes del PSOE, Izquierda Unida, CDS, Convergencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco.

El responsable económico del PP aseguró que la caída del 2 por ciento del PIB es la estimación que barajan prestigiosos institutos privados, entre los que citó al Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya y a la Fundación FIES, de la Confederación de Cajas de Ahorros.

Su afirmación fue contestada por el representante socialista en el debate, Julio Rodríguez, presidente del Bano Hipotecario, que adujo el aumento de las exportaciones y el crecimiento de un 4 por cien en la producción de energía durante el primer trimestre del año como pruebas en contra de dicha estimación.

Según Gámir, la crisis que atraviesa la economía elevará la cifra de parados hasta 3,3 millones de personas el día de las elecciones generales, el próximo 6 de junio, lo que significará una cifra de desempleo superior en 1,1 millones a la que habia en 1982, cuando el PSOE llegó al poder.

La comparació entre esas dos cifras resume, a su juicio, el fracaso de la política económica socialista. Añadió que, si la tasa de desempleo de España fuese igual a la media comunitaria, habría 1,5 millones de personas sin trabajo, de donde coligió que los 1,8 millones restantes "se deben a Felipe González".

Gámir, que pronosticó 161 diputados para el PP en el próximo Congreso, dijo que la lucha contra la crisis exige un cambio de gobierno, ante la "pérdida de crecibilidad del PSOE".

Como alternativas populars, Gámir renovó la promesa de congelar la presión fiscal en una primera fase y reducirla posteriormente, si bien condicionó el momento para dar este segundo paso a la necesidad de conocer previamente la "herencia recibida", principalmente en lo que se refiere a la cuantía real del déficit público.

También prometió la rebaja de las cuotas de las empresas a la Seguridad Social, que calificó de "impuesto al empleo", el aumento de las obras de infraestructuras y un trato especial para las pequeñas y mediaas empresas, además de confirmar la intención popular de privatizar compañías públicas.

EL PSOE DEFENDERA LA LEY DE HUELGA

Por su parte, el socialista Julio Rodriguez dijo que el programa electoral que confirmará el Comité Federal del PSOE el próximo lunes aboga por un amplio pacto social para salir de la crisis.

El programa incluye la propuesta de mantener el texto de la Ley de Huelga aprobado por el Senado antes de la disolución de las Cortes, un uso más restrictivo del contrato temporal, el ontrato de aprendizaje y una ley que incremente la participación de los sindicatos en las empresas.

Rodríguez afirmó que al programa del PP "no le cuadran las cuentas" cuando pretende, simultáneamente, reducir el déficit público y disminuir los impuestos y las cuotas de la Seguridad Social.

Por Izquierda Unida, Ramón Espasa se mostró convencido de que es preciso revisar a fondo los objetivos del Plan de Convergencia, al igual que están haciendo otros países, porque "son imposibles económicamente,durísimos socialmente y erróneos para reforzar el aparato productivo".

A su juicio, la nueva situación de la economía europea hace posible que España tenga un déficit público de entre el 3 y el 4 por ciento del PIB hasta 1999, a fin de financiar inversiones productivas generadoras de empleo.

Espasa opinó que es preciso un gran pacto social y económico para consensuar el cuadro fiscal y económico de los próximos años con los sindicatos y, "si es posible", también con la patronal. Adelantó que su psición consiste en mantener los impuestos en sus niveles actuales.

En términos muy diferentes se pronunció Joaquín Molins, de Convergencia i Unió, para quien la reducción del déficit público es "una prioridad absoluta" y los objetivos de Maastricht serían convenientes para la economía española incluso aunque no se hubiese firmado el Tratado.

Se mostró partidario de reducir al 50 por ciento el tipo máximo del IRPF, de disminuir del 35 al 20 por cien el tipo aplicable en el Impuesto de Sociedades alos beneficios reinvertidos, de bajar las cuotas a la Seguridad Social y de introducir el contrato de aprendizaje para jóvenes de 16 a 20 años.

Saez de Buruaga, del CDS, dijo que España no necesita más "proclamas retóricas de europeismo" sino una estrategia a largo plazo para combatir el desempleo.

Jon Zabalía, del PNV, manifestó que su partido condicionará el apoyo a quien gane las elecciones generales a que apruebe las transferencias pendientes, aplique una política industrial favorable al PaísVasco y les permita participar en los foros, tanto a nivel español como de la CE, en los que se repartan los fondos de cohesión social.