Es el análisis realizado por Servimedia de los apartados de los programas electorales para estas elecciones dedicados a uno de los temas que ha marcado la agenda en los últimos meses, sobre todo a raíz de la aprobación de la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo y de los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre construcción de vivienda pública.

La norma aprobada gracias al apoyo de ERC y EH Bildu introdujo por primera vez el control del precio de los alquileres y la protección permanente de la vivienda protegida, así como nuevas deducciones fiscales a los propietarios o cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para dificultar los desahucios de familias vulnerables.

El PSOE defiende la norma en su programa electoral y asegura que desarrollará “las medidas contempladas para la contención de los precios”. También hace una referencia al alquiler de temporada, asegurando que regulará y diversificará los contratos “para recoger las peculiaridades de cada situación”.

Más allá quiere ir el partido de Yolanda Díaz, que pretende incluir el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación el pago y el desarrollo de un régimen sancionador. Sumar quiere habilitar al Estado y a los ayuntamientos para instar a las autonomías a declarar zonas de mercado tensionado si cumplen los requisitos por la negativa del PP a hacerlo allí donde gobierna. También pretende establecer limitaciones al alquiler de habitaciones y temporada para que no se esquive la norma.

Por el contrario, el PP y Vox coinciden en que derogarán la Ley de Vivienda si llegan al Gobierno. Los populares apuestan por un pacto de Estado sobre la cuestión que cuente con la participación de comunidades y ayuntamientos.

AUMENTAR LA OFERTA

Si hay un punto en el que todos los partidos coinciden es en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda y, concretamente, la de vivienda protegida a precio asequible.

El PP pretende impulsar una ley de seguridad jurídica en materia de urbanismo para agilizar la aprobación de planes urbanísticos, norma que los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han llegado a plantear en forma de anteproyecto. Tampoco renuncia a promover la vivienda social “con objetivos coherentes y realistas” y a movilizar el suelo de titularidad pública para promover vivienda en alquiler asequible, algo en que también plantean los otros tres partidos.

También Vox coincide en aprobar una nueva Ley del Suelo para liberar “todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido”, impulsar la construcción de viviendas sociales públicas y fomentar la colaboración público-privada para aumentar las viviendas de protección oficial. También quiere crear una plataforma para que los ayuntamientos soliciten viviendas a la Sareb en función de la demanda.

Desde la izquierda, el PSOE pretende alcanzar el 20% de parque público de vivienda y recupera el deseo de construir hasta 183.000 viviendas públicas que planteó en la campaña del 28-M, dedicando la mitad a los jóvenes. También busca proteger el parque de vivienda social incrementando las reservas de suelo, establecer mecanismos con los bancos para movilizar viviendas vacías e impulsar herramientas de colaboración público-privada. Busca regular, asimismo, nuevas modalidades como el ‘cohousing’ o las cooperativas de cesión de uso.

Por parte de Sumar, pretenden invertir durante una década el 1% del PIB en construcción, compra, y rehabilitación de vivienda para generar un parque de más de dos millones de viviendas protegidas. También buscan establecer un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos, prohibir la venta de patrimonio público de suelo y vivienda, dotar a las administraciones del derecho de tanteo y retracto, la compra de viviendas en casos de urgencia y un registro de viviendas vacías.

HIPOTECAS

Debido a la subida de tipos de interés, los partidos han confrontado sobre cómo hacer frente al encarecimiento de las hipotecas. El PSOE plantea ampliar hasta 37.800 euros de renta el umbral para acceder a la ampliación de crédito de hasta siete años y congelación de cuota de un año y apostar por el diálogo con las entidades financieras para que realicen mejoras en los préstamos hipotecarios.

Desde Sumar proponen, en cambio, un bono de emergencia de 1.000 euros para un millón de hogares hipotecados a tipo variable por un importe de 250.000 euros y un precio de compra de hasta 300.000 euros, establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas, la creación, a partir del ICO y la red de Correos, de un banco público que rebaje las hipotecas y la posibilidad de acogerse a medidas de reestructuración y quitas de la deuda hipotecaria. Mientras que el PP no plantea medida alguna para las hipotecas vigentes, Vox quiere recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF.

COMPRAVENTA

Para facilitar el acceso a la compra de vivienda, PP y PSOE coinciden en llevar a cabo un programa de avales destinados a personas de hasta 35 años. El Gobierno aprobó un programa para el 20% de la compra de primera vivienda, pero la convocatoria electoral truncó su desarrollo normativo.

Asimismo, el PSOE pretende implementar, en coordinación con los bancos, una cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda que podrán abrir personas de hasta 40 años y cuyos rendimientos generados y aportaciones anuales estarán exentas de tributación, con un máximo anual de 30.000 euros.

Desde Vox centran sus medidas en las rebajas fiscales a través de la eliminación del IVA en la adquisición de la primera vivienda anual y la centralización y reducción de los Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Concretamente, el partido de Abascal quiere rebajar al 0,5% el AJD y bonificar el ITP en cuota de 100% para compra de una vivienda anua de hasta 300.000 euros. También pretenden rebajar el IBI a las familias en la que uno de los cónyuges se dedique al cuidado de los hijos.

En cambio, Sumar estudiará si conviene requerir que el comprador de una vivienda en zonas tensionadas vaya a residir en la misma, la destine a alquiler de larga duración o protegido o introducir medidas “anti flipping” para transacciones corporativas.

ALQUILER

Para facilitar el acceso al alquiler, el PSOE busca dar continuidad al Bono Joven de Alquiler para que se convierta en “una medida a largo plazo” que llegue a “toda la población joven”, reforzar las ayudas directas para el alquiler de vivienda habitual y destinar el 30% de las viviendas promovidas a través de los distintos planes a personas de hasta 35 años.

Desde Sumar, proponen la reducción del IVA para proyectos de vivienda de alquiler social y asequible, establecer un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos por alquileres para mejorar el conocimiento sobre precios de alquiler, establecer precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares que alquilan. Díaz también quiere modificar los incentivos fiscales de la Ley de Vivienda para beneficiar solo los alquileres que se establezcan por debajo del índice de referencia.

Asimismo, pretende condicionar los beneficios fiscales del impuesto de sociedades para Socimis, Edavs y otros fondos en función “del valor social y la aportación al interés general” de sus proyectos, incrementar ayudas al alquiler “mejorando” la gestión del bono de alquiler joven, aumentar la duración mínima de los contratos, crear juzgados específicos de vivienda, un registro obligatorio de fianzas, una carta de derechos de los inquilinos, un programa de protección para arrendatarios vulnerables y fomentar las Asociaciones de Vivienda.

Vox , por su parte, quiere extender a todo el país la deducción a los propietarios por costes de alquiler en el IRPF, mientras que el PP no refiere ninguna medida específica en este asunto.

OKUPACIÓN

En materia de la okupación ilegal es donde los partidos de derecha llevan la mayoría de las propuestas. De hecho, el PP tiene una batería de medidas en su programa electoral dedicada a este fenómeno.

El partido de Feijóo propone el desalojo en un máximo de 24 horas y de modo inmediato en caso de “delito flagrante”, la creación de oficinas técnicas municipales, de un teléfono de atención al ciudadano y de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También quieren elevar a tres años de cárcel la pena por el delito de usurpación, con agravante si se produce por parte de un grupo organizado.

Asimismo, pretende dotar a las comunidades de propietarios de “medios de defensa jurídica” para realizar “acciones preventivas”, modificar la ley para considerar nula inscripción de un ocupante ilegal en el padrón e impulsar una reforma para devolver el IBI y el Impuesto de Patrimonio durante el período que haya estado ocupada la vivienda. Muchas de estas medidas son compartidas por Vox, que propone además crear un registro de datos históricos de zonas afectadas y realizar un seguimiento pormenorizado de todos los casos.

REHABILITACIÓN

Otro de los elementos que ocupan una parte de la política de vivienda es la rehabilitación de edificios. Los objetivos más ambiciosos los plantea Sumar, que pretende rehabilitar 500.000 viviendas al año en cuestiones como el aislamiento térmico, así como la instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente . De estas, la mitad pertenecerán a familias vulnerables. Además, pretenden implementar una estrategia nacional para la erradicación del sinhogarismo.

El PSOE, por su parte, se plantea el objetivo de llegar al medio millón de edificios rehabilitados pero en toda la legislatura impulsando el desarrollo de la ley de Calidad de la Arquitectura, desarrollar normas que permitan cambios de usos de edificios según las necesidades habitacionales y adecuar las viviendas a necesidades específicas de colectivos vulnerables. Los socialistas buscan también crear una red de recursos residenciales para acabar con el sinhogarismo e impulsar el diseño de un plan de acción para la erradicación del chabolismo.

Los populares, por su parte, apoyan la rehabilitación de viviendas, aunque no fijan un objetivo concreto. También promoverán refuerzos en los sistemas de atención al hogar para que los mayores puedan vivir en sus domicilios el mayor tiempo posible y favorecerán creación de recursos residenciales para este colectivo como viviendas compartidas o con servicios comunes.

Por su parte, desde Vox, quieren fomentar “la rehabilitación de los estilos regionales y la protección de las fachadas tradicionales” y se muestran en contra de la corriente Nueva Bauhaus, impulsada por la Comisión Europea, para rehabilitar edificios en busca de la eficiencia energética.

PISOS TURÍSTICOS Y RURALES

Los pisos turísticos son un elemento que unen a Sumar y Vox, los únicos que los mencionan en su programa. El partido de Yolanda Díaz promete regular el parque de vivienda turísticas en las ciudades, mientras que el de Abascal sólo busca homogeneizar la normativa de los pisos turísticos con la promesa de “poner fin” a un modelo “poco respetuoso” que “ha dinamitado la armonía entre residentes y turistas”.

En cuanto a la vivienda en el medio rural, el PSOE quiere aprobar un plan estratégico para su impulso, fomentar la rehabilitación en pequeños municipios y apoyar a los jóvenes para comprar vivienda en pueblos de menos de 10.000 habitantes.

El PP, por su parte, quiere bonificar los impuestos AJD, ITP e IBI por la compra de una vivienda en el rural e impulsar igualmente la rehabilitación. Asimismo, Sumar propone mejorar el acceso a la vivienda en zonas de despoblación a través de “medidas de movilización de vivienda adecuadas a las características de cada territorio”.