En una entrevista con Servimedia, el presidente de la patronal se mostró optimista con la recuperación de un sistema que, según explicó, estuvo vigente entre 1965 y 2015, cuando entró en vigor la Ley de Desindexación de la Economía Española.

“Es un sistema que ha funcionado y que le ha dado estabilidad a la contratación pública en momentos especialmente delicados. Uno hace contratación pública a largo plazo y es importante que haya un sistema en el que, si los precios se disparan, se pague más, pero también si los precios bajan, se pague menos”, explicó.

Para Fernández-Alén, el cambio en la ley hace ocho años “no parecía algo relevante” porque había estabilidad en los precios de las materias primas, pero ahora la “volatilidad” surgida a raíz de la pandemia y la guerra de Ucrania los lleva a reclamar la vuelta al anterior sistema porque es lo “razonable”.

Además, este sistema se vuelve especialmente relevante en estos momentos ya que van a llegar fondos europeos que van a provocar una contratación “histórica”. De hecho, Alén recordó que el Plan de Recuperación se basa en unos objetivos que hay que cumplir para seguir recibiendo fondos que pasan por que esté “todo comprometido en el 2024 y todo ejecutado en junio de 2026”.

Con todo ello, el presidente de la patronal apuntó que “la reflexión que tienen que estar haciendo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debería cristalizar en una modificación de la ley de contratos que nos dé estabilidad a todos los que participamos en la contratación”.

La reclamación del sector se produce después de que el Gobierno decidiese no prorrogar el sistema extraordinario de revisión de precios de los contratos públicos, aprobado tras el inicio de la guerra y que estuvo vigente hasta el pasado 3 de marzo. Según apuntó el Ejecutivo, las circunstancias actuales no justificaban la prórroga porque los precios de las materias primas están “más nivelados que en 2021 y el primer semestre de 2022”.

No obstante, Fernández-Alén no se mostró de acuerdo con esta supuesta bajada de los precios. El empresario subrayó que los precios “no han bajado”, sino que su crecimiento “no es tan agudo” como en los últimos meses. Además, insistió que el sistema de revisión de precios “no es un sistema para ganar dinero, sino para dar estabilidad”.

OBRAS DESIERTAS

El alza de costes en los contratos públicos también está provocando otro problema añadido que la patronal viene denunciando. Según cálculos de CNC, en 2022 quedaron desiertas más de 2.000 obras públicas por valor de más de 900 millones.

Aunque el Gobierno resaltó su “esfuerzo permanente” para sacar los contratos a concurso con los precios actualizados, Fernández-Alén relató que hace “pocos días” la obra del trasvase de las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo en Cáceres, que se licitó en enero por 61,5 millones de euros, ahora se va a licitar por 90 millones de euros, un 50% más.

“Si se hubiese adjudicado la obra por el precio inicial, la obra no se hacía, o se hacía mal, o la empresa que había intervenido podía tener un riesgo importante de viabilidad porque los precios no eran los del mercado”, explicó el empresario, que destacó que es que no es una excepción y que está ocurriendo especialmente con las administraciones más pequeñas, como diputaciones y ayuntamientos.

Estos últimos, según Alén, se aprovechan de las pymes locales que suelen vivir de las obras de los pequeños ayuntamientos y que “no tienen capacidad de dejar desierta una obra porque tiene que seguir pagando las nóminas de sus trabajadores y de los subcontratistas”, por lo que es ahí donde el sector corre “un importante riesgo”.

El presidente de la patronal denunció que muchos ayuntamientos no se han acogido al sistema de revisión de precios y, además, han utilizado el silencio administrativo negativo que les ha “permitido” la ley. “Es un problema importante, porque son obras que, al haber más de 8000 ayuntamientos en España, no podemos llegar a todos y hacerles ver el riesgo que supone para sus ciudadanos y su tejido productivo”, enfatizó.