A la patronal se sumaron la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Unión de Petroleros Independientes (UPI). Todos ellos consideraron “imprescindible que antes de que se extraigan los carburantes del depósito se establezcan medidas para garantizar el pago del IVA, como la presentación de un aval o la demostración de que se trata de un operador confiable”.

Ceees, Aevecar, AOP y UPI celebraron el "debate abierto en la lucha contra las prácticas fraudulentas en la distribución de carburantes en el marco de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 8/2023". Así, suministradores al por mayor y estaciones de servicio apoyaron la iniciativa propuesta por algunos grupos parlamentarios, que consiste en garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito.

Las asociaciones acogieron "positivamente que la norma haya incorporado medidas que contribuyan a combatir algunas prácticas fraudulentas", pero subrayaron que resultan “insuficientes, ya que no abordan por ejemplo el fraude fiscal en el IVA”.

En este sentido, pidieron que antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto. "La garantía puede consistir en presentar un tipo de aval o en demostrar que se trata de un operador confiable. Así se limitan las opciones que actualmente permiten a los operadores fraudulentos no ingresar el IVA que corresponda a las arcas públicas y se dota de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, que tendrán la certeza de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales", indicaron.

Las asociaciones defendieron la propuesta de "modificar la ley del IVA para atajar el fraude que se produce cuando los carburantes se compran dentro de un depósito fiscal, con exención del impuesto, por un operador fraudulento que luego los vende con repercusión de un IVA que no ingresará en la Hacienda Pública".

También destacaron el "caso de éxito de Italia, que afrontaba una situación similar y está aplicando la medida desde 2019". Así, afirmaron que el fraude en la distribución de carburante es "un grave riesgo en las distintas fases de la cadena, por lo que su erradicación requiere de un conjunto de medidas en distintos ámbitos". Aplaudieron la incorporación de medidas como la “solución italiana, propuesta por algunos de los grupos parlamentarios como un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector".