En un comunicado, esta patronal advirtió de que la Ley de Vivienda ha provocado que haya menos oferta, rentas más elevadas y una “creciente inseguridad jurídica”, y los dos reales decretos-ley “pueden intensificar este proceso”.

Amadei criticó que “el Gobierno, mucho más preocupado por dictar normas populistas e intervencionistas del mercado al socaire de sus socios de Gobierno, que solo benefician a los que gozan de un contrato de alquiler en vigor y perjudican al resto de la ciudadanía, ni siquiera se plantea medidas para incrementar el parque público de vivienda, incumpliendo sus promesas electorales de hace ocho años”.

La patronal de las inmobiliarias madrileñas cuestionó las restricciones a determinadas adquisiciones por parte de fondos al considerar que esta medida puede desincentivar la inversión y generar nuevas dudas jurídicas. En cambio, valoró positivamente otras destinadas a incrementar la vivienda asequible y consideró que deberían haberse tramitado de manera independiente y coordinada con las comunidades autónomas.

Respecto a la renovación automática de los alquileres contenida en el segundo decreto, Amadei la rechazó al entender que limita la libertad de contratación y afecta al derecho de propiedad.

Así, reclamó a los grupos que no convaliden “unas normas que vuelven a trasladar a los propietarios responsabilidades que corresponden a las administraciones” y les pidió que actúen “de forma razonable, no dando cobertura a ninguno de los reales decretos-ley”. Asimismo, solicitó un pacto de Estado, seguridad jurídica, colaboración público-privada y un incremento real del parque público y asequible en lugar de “medidas populistas que parcheen el problema sin solucionarlo”.