Según la patronal, esta decisión llega con “ocho meses de retraso” pues “junto con los centros sanitarios y residencias, el transporte público es el único espacio en el que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio”.

Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, se trata de “una medida estigmatizante y que ha hecho mucho daño al sector”.

La patronal subrayó que la pandemia supuso un descenso notable en el número de viajeros del transporte público y “a pesar de los descuentos por parte del Gobierno en los abonos transportes, los índices de los usuarios aún no han recuperado los niveles pre-covid-19”.

Este contexto, explicaron, “ha deteriorado la cuenta de resultados de las empresas de transporte público, las cuales no han recuperado el nivel de ingresos por venta de billetes”. Ante este escenario, la patronal insiste en la imperiosa necesidad de un “fondo de rescate para el sector”.

“Pese a las dificultades económicas que el sector ha experimentado, desde 2020, ninguno de los operadores ha dejado de prestar sus servicios públicos, garantizando así la movilidad de los ciudadanos de manera inclusiva y sostenible y habiendo hecho frente a la subida de los costes”, apuntó Herrero.