Estas tres organizaciones recordaron habían solicitado de forma conjunta, y también por separado, una moratoria en la aplicación obligatoria de VeriFactu reclamando un plazo razonable que permitiera a sus establecimientos adaptarse sin riesgo para su viabilidad económica.

Las tres patronales afirmaron que aunque comparten el objetivo de transparencia y control fiscal que persigue la norma y pese a haber informado a todos sus asociados de cómo implantar esta exigencia y testar su impacto para estos sectores de microempresas, habían manifestado su preocupación por el impacto negativo que podría tener la implantación sin periodo de adaptación para la viabilidad de estos comercios. "El desánimo había calado en sectores conformados por autónomos mayoritariamente que afrontaban en este año numerosas exigencias que comprometen de forma clave su rentabilidad y su futuro", señalaron.

Asimismo, indicaron que la realidad del tejido artesano y tradicional de nuestro país, formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados, exigía una moratoria.

También insistieron en la importancia de exonerar a los mayores de 60 años, muchos de los cuales se planteaban el cierre de sus negocios por verse incapaces de cambiar la gestión de invertir en el cambio de básculas para tan corto periodo de tiempo de actividad por delante, lo que agudizará preocupante cierre de negocios especializados en la venta de productos alimenticios.

"Sin medidas correctoras y sin una planificación más paulatina, la implantación inmediata de VeriFactu podía poner en riesgo la viabilidad de miles de establecimientos, como quedó cuantificado en estudios realizados para el sector", aseguraron las tres patronales.

Asimismo, indicaron que es importante compatibilizar el objetivo de control fiscal con criterios de "proporcionalidad, equidad y sentido común" y "garantizar la viabilidad de miles de pequeños comerciantes que se esfuerzan cada día por mejorar sus negocios al tiempo que trabajan durante, al menos, seis días a la semana, con plantillas muy ajustadas y afrontando numerosas exigencias que suponen un importante incremento de sus costes". Asimismo, indicaron que supone una complicación mayor de la gestión de sus negocios, lo que "dificulta el relevo generacional" y "amenaza una forma de hacer comercio clave para mantener nuestra identidad cultural y gastronómica".

Para las patronales, esta moratoria va a permitir a las empresas desarrolladoras de software dar un mejor servicio a las pymes autónomos de cara a su adaptación al Verifactu. "De otra forma difícilmente iban a poder dar servicio a todos los obligados al mismo tiempo, generándose por tanto un efecto 'cuello de botella' que iba a poner en situaciones complicadas a muchos comercios que, queriendo adaptarse, iban a tener dificultades para contratar los servicios necesarios para hacerlo", aseveraron.