Así lo confirmaron a Servimedia desde las cinco organizaciones una vez que ayer, martes, el Gobierno abrió el plazo de siete días hábiles para la consulta pública previa, hasta el 16 de mayo.

Estas organizaciones, todas en contra de que prospere la opa, pidieron personarse en el expediente durante el análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su intervención fue rechazada por el organismo. Algunas de ellas como Foment y Pimec han interpuesto recursos en los tribunales por esta decisión de Competencia. El organismo finalmente autorizó la opa en segunda fase con compromisos propuestos por BBVA.

Ahora expresarán su parecer en el cuestionario del Gobierno y están estudiando el enfoque, según trasladaron a Servimedia.

La consulta recoge un total de 10 preguntas, en algunos casos con respuesta libre, a escribir, hasta un máximo de 2.000 caracteres.

En concreto, en primer lugar, requiere a través de cuatro cuestiones la identificación del participante y después lanza seis preguntas. “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?”, es la primera, a lo que el participante debe responder señalando la opción ‘Sí’ o ‘No’.

Después pregunta “¿cuáles cree que son los criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?” y da como opciones las seis que recoge la Ley de Defensa de la Competencia y una séptima genérica sobre “otros” criterios. Dependiendo de la respuesta anterior, pide indicar “qué otro u otros criterios de interés general considera que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell”.

A continuación, pregunta “¿en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación de BBVA/Banco Sabadell? Valore el impacto estimado”, “¿considera que pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente?” y “¿qué propuestas considera que serían adecuadas para proteger los criterios de interés general afectados?”. Se acompaña un buzón para aportar información adicional.

El Gobierno avisa, antes de iniciarse el cuestionario, que “las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública, respetando en todo caso el marco establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió ayer, martes, esta vía y aseguró que está “totalmente alineada con la legalidad vigente”, que es “una buena práctica” para que se pronuncien “todos los agentes que puedan verse afectados” y que el objetivo es recabar opiniones para tomar una decisión “más asentada”. El Ejecutivo dispone de 15 días hábiles, hasta el 27 de mayo, para decidir si eleva o no la opa a escrutinio del Consejo de Ministros. Si decide que lo hará, dispone de un mes para decidir si añade condiciones adicionales o no a la resolución de Competencia.

Cabe destacar que no puede prohibir la opa pero sí tiene derecho de veto de la fusión amparado por la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que en la disposición adicional decimosegunda establece que "corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores".