En un auto, el magistrado, que toma esta decisión en línea con los solicitado por la Fiscalía, explica que “de las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados”.

Añade que las testificales practicadas se basan en meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos.

Por lo tanto, dice, no queda constatado que Gali “ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara”.

“Con ello, practicadas cuantas diligencias se han podido realizar para la comprobación del delito, participación que han tenido los investigados y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra, es procedente concluir conforme determinan los artículos 622 y 623 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, concluye el juez.

El sumario se eleva ahora sin procesamiento a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que deberá decidir sobre el sobreseimiento o continuación de la causa.

Fadel Breika le acusa de detención ilegal, torturas y lesa humanidad. Según su querella, en abril de 2019 a su llegada a los campamentos de Tinduf fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar.

Además, contra Gali pesa otra querella presentada por la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (Asaegd), que le acusa de genocidio “en concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones” junto con otros 24 miembros del Frente Polisario y tres oficiales del ejército argelino. Tiene que ver con el trato a los prisioneros de guerra en los campamentos de Tindouf.