El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid insiste en su decisión de que sea un jurado popular el que juzgue a Gómez junto con su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara su anterior resolución en ese mismo sentido por falta de fundamentación.

Peinado ya ha citado en dos ocasiones anteriores a los tres investigados para trasladarles el envío del procedimiento al jurado. El magistrado tomó similar decisión en relación a la pieza separada por malversación por la contratación de Álvarez, de Begoña Gómez, y también en lo referente a la causa principal en la que se investiga un presunto tráfico de influencias en la creación de una cátedra en Universidad Complutense.

Ambas investigaciones han quedado finalmente acumuladas en un único procedimiento por decisión de la Audiencia Provincial. La comunicación fijada para este miércoles es obligatoria según la Ley del Jurado, y en ella se deben explicitar los hechos que se imputan a los investigados.

En las dos ocasiones anteriores, fijadas en fin de semana, Peinado insistió en que los investigados comparecieran en persona, pero ninguno de ellos acudió, quedando representados por sus abogados en el procedimiento. Algo que se repetirá en esta ocasión, ya que los Juzgados de Plaza de Catilla no han dispuestos ningún dispositivo de seguridad para la fecha.

Tanto Gómez, como Álvarez y Barrabés han recurrido la resolución del juez solicitando el sobreseimiento de la causa. En el caso de la esposa del presidente, su abogado, Antonio Camacho, argumenta que el escrito de peinado está plagado de “conjeturas” y se basa únicamente en que su defendida es “cónyuge del presidente del Gobierno”.

En la citación de este Miércoles Santo, el magistrado deberá argumentar su decisión de continuar con la causa y de enviarla a juicio con jurado y su postura sobre el archivo que piden las defensas o sobre la continuidad de las diligencias.

El instructor considera que el hecho de que Gómez convocara reuniones en Moncloa para poner en marcha la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa es un indicio de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo en las actuaciones atribuidas a Gómez para promover y financiar una cátedra en la Universidad Complutense y considera que empleó su influencia con el envío de cartas de recomendación para “la adjudicación de concursos públicos” a las empresas de Barrabés. Sin embargo, esa es una parte de la investigación tiene vedada porque fue asumida por la Fiscalía Europea.

El juez Peinado demuestra una vez más su predilección por las fechas señaladas. Las dos anteriores comunicaciones de este tipo se fijaron para un sábado y un domingo. Además, el Miércoles Santo del pasado año, el instructor se desplazó al Palacio de la Moncloa para declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.