El Alto Tribunal falló ayer miércoles por unanimidad que Pilar Llop se extralimitó de sus funciones al anular en 2021 la votación en la Cámara Alta con la que se aprobó esta medida. La entonces presidenta del Senado suspendió la votación después de que todos los partidos –menos el PSOE– secundasen una enmienda transaccional que incluía esta rebaja fiscal en el proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal.

Los socialistas denunciaron la incongruencia entre la enmienda aprobada por el Pleno del Senado y el contenido del texto legal, y el Gobierno presentó un veto presupuestario que Llop aceptó para anular la votación. Ahora, dos años después, Constitucional considera que Llop vulneró el derecho de los senadores.

Tras conocer el fallo del Constitucional, las principales patronales del sector de la estética mostraron su satisfacción por la importancia de la sentencia “al haber quedado demostrada la irregularidad del veto de la presidenta del Senada, que, de no haberse producido, hubiese hecho que la imagen personal recuperase su IVA reducido desde el 1 de enero de 2022”.

Por ello, el sector de la imagen personal reclama ahora la recuperación con carácter retroactivo la aplicación del IVA reducido al 10% desde el 1 de enero del 2022 "ante este atropello a la legalidad y a la propia democracia".

“Teniendo en cuenta que la formalidad de la sentencia, carácter vinculante y consecuencias de la misma no están claras para nuestro sector, reclamamos al Partido Socialista que subsane esta injusticia y demuestre respeto hacia todos los partidos que han apoyado su investidura y que aprobaron esta restitución del IVA reducido a la imagen personal introduciendo la medida de la bajada del IVA al 10% en los próximos Presupuestos Generales para este próximo año 2024”, declararon desde la alianza empresarial.

FUTURA VOTACIÓN EN EL CONGRESO

Parece complicado que esta vía prospere, pero hay otra abierta. El Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– repitió la imagen de la anterior legislatura el pasado 8 de noviembre y tomó en consideración una proposición de ley para aprobar esta rebaja del IVA con el apoyo de todos los partidos menos el PSOE.

El texto ha sido remitido al Congreso de los Diputados, donde continuará su tramitación parlamentaria y, de revalidar los mismos apoyos en la Cámara Baja –donde sumó el ‘sí’ de PP, Vox, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, así como los partidos de la Izquierda Confederal, entre ellos Más Madrid y Compromís–, recabará una mayoría holgada.

No obstante, es previsible que el Gobierno trate de vetar la propuesta. De hecho, ya presentó un veto presupuestario en el Senado, aunque sin éxito. Esta es una prerrogativa con la que cuenta el Gobierno cuando se presenta una proposición o enmienda que supone un aumento de los créditos o disminución de los ingresos. En este caso, Hacienda calcula que esta reducción fiscal costaría a las arcas públicas unos 372 millones de euros, frente a los 140 millones que dice el PP.

Sin embargo, la Mesa del Senado, controlada por el PP, rechazó este escrito de no conformidad y decidió seguir con la tramitación de la norma, que ahora irá al Congreso de los Diputados. Allí la Mesa está bajo el dominio de los partidos del Gobierno de coalición, aunque por la mínima.

PSOE y Sumar cuentan con cinco integrantes, siendo tres socialistas y dos de la coalición de partidos de izquierdas; frente a los cuatro del PP. Por tanto, la viabilidad de un nuevo veto presupuestario dependerá de la postura final de Sumar, que está integrado por partidos que han votado a favor de la iniciativa en la Cámara Alta. Además, Unidas Podemos apoyó esta medida en la anterior legislatura. No obstante, la coalición de partidos liderada por Yolanda Díaz no ha aclarado aún su posición.