En declaraciones a la Cadena Ser, Aparicio señaló que en 1996 y 1997 se contrastaron los datos fiscales y de Seguridad Social de los pensionistas que perciben los mínmos a fin de no dárselos a quienes, por sus ingresos, no son acreedores a ellos.

Aparicio señaló que la decisión del Gobierno afecta solo al 2,5 por ciento de los pensionistas que cobraban complementos de mínimos, ya que el resto no ha engañado al erario público.

En todo caso, Aparició señaló que los 35.000 millones que la Seguridad Social reclama a los pensionistas que cobraron de más los demandará sin intereses y con un plazo de hasta cinco años, para quienes tengan problemas para hacer frentelos pagos.