Barea Tejeirofue uno de los coordinadores de unas bases de reforma de las pensiones, elaboradas por un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid, que el año pasado recibió el premio del Círculo de Empresarios.

"El estudio del Congreso recoge algunas medidas de racionalización, pero no considero que sea una propuesta definitiva para hacer viable el sistema. Se requiere un debate profundo en la sociedad, pero hay que reconducir el sistema cuanto antes", afirmó.

Aseguró que "nuestro nivel de deuda pública sobrpasa el 66% del PIB. En 1994, el Estado tuvo que anticipar a la Seguridad Social, para que pudiera pagar, 400.000 millones. Este año le tiene que anticipar medio billón. Es un préstamo a amortizar en 10 años, sin intereses, que la Seguridad Social no va a poder devolver".

"Es decir", continuó, "el sistema está en crisis. No hay el equilibrio financiero entre ingresos y gastos que debiera tener un sistema público de reparto. Para conseguirlo, hay que reducir también el déficit público, racionalizando tdo tipo de gasto: sanidad, defensa, educación, etc.".

José Barea Tejeiro da clases de doctorado sobre Protección Social, como profesor emérito de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde los diferentes cargos que ocupó en el Ministerio de Hacienda ha elaborado unos 15 presupuestos del Estado, y tuvo a su cargo la Seguridad Social.

REFORMA GRADUAL

"En la actual situación demográfica y económica española las cotizaciones no se pueden elevar, ni el Estado aportar más dnero, porque la presión fiscal tampoco es posible aumentarla más, ni sobre la empresa, ni sobre el trabajador, sin que sufriera nuestra competitividad económica. La solución que queda es racionalizar el sistema que tenemos, gradualmente. Nunca simultáneamente", afirmó.

"Lo que cobran los pensionistas se acerca a los siete billones de pesetas. Si se estableciera la libertad para pasar al sistema de pensiones de capitalización, supondría elevar la presión fiscal en diez puntos del PIB. Esto incrementarí un 10% más el déficit público. En España, pasar al régimen de capitalización costaría para el conjunto del sistema una cantidad equivalente al PIB. Es decir, unos 68 billones de pesetas. Los cotizantes que tuvieran que pagar el cambio, no podrían aguantar semejante presión fiscal", agregó.

El profesor Barea estima que la reforma debiera empezarse aplicando el sistema de capitalización para los que ingresen de nuevo en los regímenes especiales de agrarios, autónomos y de empleados del hogar.

"Par los que están en el régimen general", añadió, "se debía destinar un punto de lo que cotiza el trabajador para que se ingresara en el sistema de capitalización, que debería seguir siendo público y obligatorio, aunque pueda gestionarse por las instituciones financieras privadas".

"El Estado debiera dar más alicientes fiscales a los sistemas complementarios, como los actuales fondos de pensiones. Bastaría que tuvieran el mismo trato fiscal que los fondos de inversión", explicó Barea, quien indicó que "aí habría un trasvase de los fondos de inversión a los de pensiones".

Añadió que "debería también permitirse una mayor disponibilidad de los fondos de pensiones, en determinados supuestos. Y sobre todo, que cuando se conviertan en pensión, no se les quite, por el impuesto de la renta, la exención que han tenido. Eso se puede hacer ya, en la ley de acompañamiento del presupuesto".

INEVITABLE RECORTE

"Cualquiera que sea el sistema que se adopte", dijo Barea, "va a suponer una disminución de las pesiones. Los que ya son pensionistas no tienen nada que temer. Pero para los futuros, poco a poco habrá que ir rebajando el nivel de protección social. Tiene que demorarse, además, en unos cinco años, la edad de jubilación forzosa, y por tanto, la cotización".

Aseguró que "en el actual sistema, el trabajador paga menos de lo que recibe por pensiones, sobre todo en los regímenes especiales, donde la gente se jubila, como término medio, después de cotizar entre 15 y 18 años".

Agregó que "en el régimn general, en cambio, hay un mayor equilibrio entre lo que se cotiza y lo que se recibe. Pero como el régimen general se utiliza para subvencionar las políticas de fomento del empleo, también tiene un desequilibrio. Estas políticas no deberían hacerse a cargo de la Seguridad Social, sino a través de la redistribución de la renta de los impuestos".

A su juicio, "no tiene sentido que la Seguridad Social aporte a la Sanidad la cuarta parte de sus gastos. Habría que suprimir esa aportación y transformarlaen impuestos sobre el IVA y otros impuestos al consumo, rebajando así las cuotas de la Seguridad Social".

"Las pensiones no contributivas tampoco debieran pagarse por la Seguridad Social. Si se quiere hacer una políticas de redistribución de la renta, hay que hacerla a través de los impuestos. Utilizar las cuotas de la Seguridad Social distorsiona el sistema y da lugar a desequilibrios", señaló.

Por otra parte, opinó que "rebajar las cuotas de la Seguridad Social incentivaría el empleo. Las cotizciones sociales en España son más elevadas que la media europea. Ya se han iniciado por el actual Gobierno, pero es una política que debieran impulsar los gobiernos futuros, cualquiera que sea su signo ideológico".