Según informó la organización que representa al pequeño comercio, la medida tendrá un “impacto diferente” atendiendo a la naturaleza y tamaño de empresa, afectando “en mayor medida a aquellos sectores extensivos en horario y con plantillas reducidas como son la hostelería, la agricultura y el comercio; todos ellos estratégicos y fundamentales para la economía de nuestro país”.

Para CEC, resulta “incomprensible” que en un sector presencialista como es el comercio, con una ley que permite la apertura de sus establecimientos hasta 90 horas durante el conjunto de días laborables de la semana, se plantee una reducción de la jornada a 37,5 horas.

De llevarse a cabo esta medida, supondría “en la práctica” una subida salarial “encubierta” equivalente al 6,25% al tener que pagar lo mismo por menos horas de trabajo y obligaría a la contratación de más personal para complementar esas horas. Todo ello, según la CEC, “dispararía los costes para los comerciantes de una forma inasumible”.

Así, se produciría una carga “excesiva” que llega además en “un momento complicado marcado por los altísimos sobrecostes” a los que está haciendo frente el comercio de proximidad y en un contexto en el que muchos subsectores “no han recuperado todavía los niveles prepandemia”.

GRANDES EMPRESAS FAVORECIDAS

CEC enfatizó el “daño” que esta reducción supondría en las empresas más pequeñas del comercio a las que generaría una “grave pérdida de competitividad” frente a las grandes plataformas de venta online que, “lejos de verse afectadas por esta medida, saldrían nuevamente favorecidas”.

Mientras que el comercio de proximidad soporta una “excesiva carga normativa” en su regulación, este tipo de plataformas, “radicadas en su mayoría en paraísos fiscales, disfrutan de una normativa totalmente laxa y esta medida solo vendría a acentuar más esa desventaja”.

“No compartimos la unilateralidad de la medida, fruto de una desconsideración absoluta hacia el diálogo social bipartito en el que la jornada laboral es una materia reservada a la negociación colectiva”, indicó la CEC.

Por ello, pidió considerar las realidades específicas de los diferentes sectores económicos como recoge la negociación colectiva, al considerarlo “inaplicable” en algunos de ellos, ya que, lo contrario, significaría “poner en grave peligro la supervivencia de muchos establecimientos del comercio de proximidad y por tanto de los miles de puestos de trabajo que estos generan”.