Peramato hizo estas manifestaciones en el curso de una visita a Ceuta junto a la fiscal superior de Andalucía y la fiscal de Sala coordinadora de menores para abordar la situación derivada de la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

La máxima responsable del Ministerio Público expresó su solidaridad con la ciudad de Ceuta y explicó que “las funciones de la fiscalía son muy limitadas” en estos casos y se centran en la tutela de los derechos de los menores no acompañados.

Indicó que los fiscales responsables de menores y los responsables territoriales de la Fiscalía trabajarán “conjuntamente” y siempre ateniéndose al “principio de legalidad” tanto nacional como internacional que asigna a los fiscales la protección de los menores y la adecuada adaptación a las normas en la actuación de las distintas administraciones

La fiscal general explicó que están registradas 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, de las cuales 16 son marroquíes. Además, explicó que desde la avalancha de finales de julio se ha registrado un incremento de los delitos contra el patrimonio y de los atentados contra la autoridad, que no cifró con exactitud.

ORDEN A LOS FICALES

La Fiscalía General del Estado ya dictó el pasado 7 de agosto un decreto dirigido a los fiscales delegados en las comunidades autónomas en el que indicaba que se debe apercibir a aquellas autonomías que se opongan a la acogida de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta, en cumplimiento de las leyes en vigor.

El Ministerio Público tomaba esta posición justo antes de que se abordara el proceso de reparto en la península de los niños que llegaron a Ceuta a finales del mes de julio y que se encuentran bajo tutela de las autoridades de la ciudad autónoma.

En el decreto, la Fiscalía General recordaba a sus fiscales territoriales en materia de menores que deben advertir a los responsables autonómicos de "las posibles responsabilidades que pudieran deducirse" en caso de incumplimiento.

El escrito insistía en que está enfocado a “asegurar” el “bienestar” de los menores no acompañados que llegaron de manera ilegal a Ceuta y también “garantizar su protección de manera adecuada”, dado que depende de la Fiscalía tutelar los derechos de esos niños.

Y especificaba que el fiscal de la región de la que vayan a salir los menores tendrá que informar a sus colegas del territorio de destino de los expedientes relativos a cada uno de los menores con determinación de su edad y especificando si el trámite administrativo está completo o en trámite.

Será la Fiscalía de destino la que después abra expediente gubernativo para el seguimiento de los niños y adolescentes redistribuidos en cada comunidad autónoma para asegurar “una adecuada acogida” y que se cumpla el “deber de garantizar la atención inmediata necesaria y, en su caso, protección de aquellos mediante la adopción de las medidas oportunas”.