Según informó el Ministerio del Interior este lunes, los documentos expedidos que pueden ser objeto de esta medida son la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en todas sus modalidades; el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CRUE); la Cédula de Inscripción de Extranjero Indocumentado; el Título de Viaje de Indocumentado; los resguardos de registro y formalización de protección internacional; los documentos acreditativos de solicitante en trámites de protección internacional y de apatridia; y los certificados de residente y no residente.

El protocolo se adopta en aplicación de la Ley para la igualdad de las personas LGTBI+, que recoge el derecho a que los documentos contengan la rectificación del sexo y del nombre, tanto cuando las personas extranjeras hayan efectuado la modificación en su país de origen como cuando quede acreditada la imposibilidad de realizarla por parte de sus autoridades. Si el informe confirma esa circunstancia, se procederá al cambio en el Registro Central de Extranjeros y a la emisión del nuevo documento.

En el segundo supuesto contemplado por el protocolo, cuando la persona extranjera ya haya efectuado el cambio en su país de origen, bastará con presentar el pasaporte o título de viaje en vigor que lo acredite, junto con el documento cuya actualización se solicita.

APLICACIÓN DE LA LEY TRANS

El protocolo se adopta en aplicación de la Ley para la igualdad de las personas Lgtbi+, que recoge el derecho a que los documentos contengan la rectificación del sexo y del nombre, tanto cuando las personas extranjeras hayan efectuado la modificación en su país de origen, como cuando quede acreditada la imposibilidad por sus autoridades.

La resolución de la Policía Nacional menciona también el aval de la reciente sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid que obligaba a la Administración a atender el requerimiento de un ciudadano extranjero en cuyo país de origen no pudo llevar a cabo el cambio registral de su sexo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el pasado 23 de junio la aprobación de este nuevo protocolo en la primera quincena de julio, durante una intervención en el Senado, en respuesta a la senadora de Más Madrid Carla Antonelli.

Grande-Marlaska reconoció las limitaciones del proceso cuando una persona trans migrante no podía llevar a cabo el cambio de nombre y sexo en su país de origen. Asimismo, se comprometió a impulsar “con carácter urgente” un nuevo mecanismo que resolviera las dificultades y facilitara la tramitación, “tanto para las personas solicitantes como para las distintas instancias administrativas implicadas”.