El ministerio público no ha presentado cargos en este caso, al considerar que no existen pruebas de que la detención se llevase a cabo. La defensa, por su parte, pide la absolución por el mismo motivo.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del 8 de junio de 1992 cuando, según la cusación particular, Julen Aginako y su esposa fueron parados durante una hora en un control de la Guardia Civil instalado en Arrankudiaga (Vizcaya).

Poco antes, Aginako había sido identificado como miembro de HB en otro control policial. La acusación mantiene que el puesto de Arrankudiaga fue instalado 'ex profeso' para detener, cachear y recoger información política del vehículo de Aginako.

El dirigente abertzale ha declarado que la Guardia Civil tomó notas de su agenda y de la documentación poítica que portaba, versión que posteriormente corroboró su esposa.

Los dos agentes inculpados, José Antonio Portela Martínez y Florentino Juárez Holgado, aseguraron no recordar los hechos, ya que en el control no ocurrió nada especial, y negaron haber cacheado o registrado a los denunciantes.

Los agentes explicaron que en la época en que ocurrieron los hechos se montaron numerosos controles porque días antes se había registrado un enfrentamiento entre la Ertzaintza y el 'comando Vizcaya' de ETA. e temía, además, que ante la cercanía de la Expo 92 ETA cometiese alguna acción terrorista.

La abogada de la acusación, Jone Goiricelaia, destacó que la detención se llevó a cabo porque los agentes sabían que se trataba de miembros de HB, por lo que solicitó una sentencia condenatoria.

El fiscal, por su parte, destacó la falta de pruebas, ya que la acusación sólo cuenta con las declaraciones de los dos supuestos detenidos. Un argumento utilizado también por la defensa, que señaló que hay que tene en cuenta la declaración de Aginako como la de un miembro de un colectivo con intereses muy definidos.