La ARMH ha cursado su reclamación a través del registro de la Secretaría de Estado para proteger a las víctimas del franquismo de lo que consideran un acto de enaltecimiento de la dictadura ocurrido durante la exhumación y traslado de los restos de Queipo de Llano, al que sus familiares vitorearon a la salida de la Hermandad de la Macarena de Sevilla.

Además, consideran también ofensivo el recuerdo del alcalde de Madrid del fundador de La Legión, el general Millán Astray, que además tiene una calle dedicada en la capital que el Consistorio no se plantea retirar.

El escrito explica que en las últimas semanas “hemos asistido a dos momentos con impacto público en el que las víctimas de la dictadura franquista han visto vulnerados sus derechos al asistir a exaltaciones públicas de dirigentes y responsables de la dictadura franquista”.

La primera de ellas ocurrió durante el traslado de los restos del “genocida Gonzalo Queipo de Llano, exhumado en la basílica de la Macarena, en Sevilla". "Los aplausos y los vivas al responsable de 45.000 asesinatos, cientos de violaciones, mujeres a las que se humilló con agresiones públicas como el rapado de pelo y un sinfín de violaciones de derechos humanos no pueden ser celebradas sin que una sociedad democrática se sienta agredida por esos hechos”.

Por otra parte, la organización critica que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, defendiera “pública y notoriamente” la figura de Millán Astray, “uno de los grandes responsables del golpe de Estado y de la construcción de una dictadura que durante cuarenta años violó masivamente derechos humanos y se negó, sin ningún impedimento, a convocar elecciones democráticas”.

El argumento del alcalde, recuerdan, es que Millán Astray tenía una calle antes de la guerra civil, algo que consideran “un insulto a la inteligencia” y esgrimen que “nadie aceptaría una calle del joven Adolf Hitler y de un terrorista por hechos anteriores a su uso de la violencia”.

La Asociación advierte que las víctimas de la dictadura “son agredidas por estos hechos y merecen la protección del Estado democrático, como señalan los informes de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria y el del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición”.

Por ello, solicitan a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que usen las herramientas legales necesarias para proteger a las víctimas de la dictadura franquistas “contra estas y otras agresiones y termine con el apartheid entre víctimas de violencias, porque si la familia de un terrorista hiciera un acto de afirmación y exaltación pública como el que hizo la familia del genocida Queipo de Llano a las puertas de la Macarena; o un alcalde defendiera una calle dedicada a la vida de un terrorista antes del uso de la violencia no hubiéramos asistido al silencio y la pasividad del Estado que estamos viendo en estos casos. No puede ser que unas víctimas tengan protección y otras, desprotección”.