La iniciativa la promueven la Asociació Pro Derechos Humanos, UNAD, Cáritas Española y la Asociación Apoyo. Tiene como finalidad que el delincuente repare el daño causado en una situación de libertad a prueba, comprometiéndose con la víctima y bajo supervisión de un juzgado, a participar en un programa de rehabilitación o ayuda social.

"Se trata de evitar el juicio y el ingreso en prisión, facilitando el contacto entre víctima e infractor de manera que éste se responsabilice más en compensar por el daño causado", explicó hoy a ServimediaJosé Luis Segovia, de la Asociación Apoyo.

La medida ya se ha puesto en práctica con éxito, con carácter experimental, en algunas comunidades autónomas, donde se ha ensayado con drogodependientes.

Las ONG piden al Parlamento que la medida se aplique no sólo a hechos de mínima relevancia, sino a delitos adscritos a juzgados de lo penal, con penas de hasta 5 años, y excepcionalmente en algunos de más pena si concurren circunstancias que lo justifiquen.

Según Segovia, se trata de un cabio que cuenta con el respaldo

de jueces y fiscales, que evitaría muchos costes a la Administración

de justicia.