Pedro Cerracín, abogado de esta asociación, anunció hoy esta medida advirtiendo que "si la vía a utilizar es la de recalificación penitenciaria, si se riza el rizo para dejarles en libertad, nosotros vamos a rizar el rizo para que cumplan la sentencia condenatoria que en su día les impusieron los jueces".

"Si una Junta de Recalificación dice que estos dos etarras están absolutamente reinsertados en la sociedd, que son personas sociables, y garantizan totalmente que puedan vivir en sociedad sin volver a delinquir, tendrá que justificar por qué piensa que estos individuos han dejado de ser delicuentes o asesinos", dijo Cerracín.

El abogado de la AVT explicó que el Código Penal establece que por "arrepentido" se entiende una persona que se entrega a la justicia o informa de las acciones de otros compañeros suyos que pueda evitar la comisión de nuevos delitos. "Que nosotros sepamos, nada de esto se ha producdo en este caso", apostilló.

Asimismo, exigió que para cualquier medida de reinserción sea tomada en cuenta la postura de las víctimas de cada uno de sus asesinos y que conste en el sumario de recalificación.

Por su parte, Ana María Vidal Abarca, presidenta de la AVT, mostró su rechazó ante la posible excarcelación de los etarras en el caso que la Junta de Recalificación les conceda el tercer grado.

"Yo creo en la buena voluntad del Gobierno, en su intención de acabar con ETA, pero lo que síqueremos decir es que bajo ningún concepto el fin justifica los medios", dijo.

"Todos los medios que se quieran utilizar para acabar con el terrorismo tienen que estar dentro de la ley, ser éticos y morales, y que nadie se olvide de las familias directas de las víctimas de estos dos terroristas", sentenció la presidenta de la AVT.

Santiago Cabana, miembro de la junta de gobierno de la AVT, aclaró que "vamos a intentar por todos los medios legales evitar que se produzca un fraude de ley" y añadió ue si "con los méritos que estos dos señores han hecho se les considera reinsertados, se produce un aténtico fraude de ley".

En relación con el cobijo que el arcipreste de Irún dio a miembros de ETA, la AVT manifestó estar de acuerdo con que se le juzgue, ya que es un ciudadano más y como tal debe responder de sus acciones.

Asimismo, solicitarón que José María Setién, obispo de San Sebastián, y José Antonio Pagola, vicario general de esta diócesis, declaren en el sumario del arcipreste de Irún y ue "no se acojan a ningún beneficio, que por otra parte no existe".