En declaraciones a Servimedia, Sagardoy explicó que las sentencias del Tribunal Constitucional que han desarrollado el Real Decreto de Ley de Huelga de 1977 dan al Gobierno la posibilidad de que, "en casos extraordinario", imponga un arbitraje forzoso.

La propuesta debería partir del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que tendría que imponer un árbitro imparcial, es decir, que no fuera de ninguna de las partes, pero tampoco del propio Gobierno.

Las condiciones que estableció el Tribunal Constitucional son las siguientes: que la duración o las consecuencias de la huelga tuviesen una entidad importante, que las posiciones de las partes fuesen irreconciliables o que se estuviese produciendo un perjuicio grav para la economía nacional.

Basándose en esos principios, Sagardoy cree que en el conflicto de Iberia se dan las condiciones para que el Gobierno pueda establecer el citado arbitraje forzoso, "que sería bueno para todos, ya que también permitiría a las partes pronunciarse y alegar lo que quisieran".

Sagardoy recordó que el dictamen que estableciera el árbitro nombrado por el Gobierno sería de obligado cumplimiento para las partes, y, por la situación actual, no se podría decir que se lesionaba elderecho de huelga.