El presidente de la entidad, Antoni Cañete, resaltó que, en Cataluña, el 99,8% de las empresas son pymes (94,1% microempresas), datos casi idénticos a los de España, mientras que en países como Alemania el porcentaje baja al 82,5%.

Esta mayor dimensión empresarial está asociada a economías que mejoran la viabilidad empresarial, generando una mayor productividad y bienestar, y por eso son necesarias medidas estructurales y estables que permitan a las pymes dar el salto de escala y asegurar la competitividad de la economía en su conjunto, según concretó esta patronal en un comunicado.

El presidente de Pimec subrayó que esta falta de dimensión no es fruto de la casualidad, sino de una “anomalía histórica”, pues durante “demasiado tiempo”, las pymes no tuvieron voz propia en el diálogo social español.

En este sentido, agradeció a Pedro Sánchez la apuesta del Gobierno por abrir este espacio a nuevos actores, lo que ha favorecido la incorporación de Pimec al Consejo Estatal de la Pyme y a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

Al mismo tiempo, reclamó el cumplimiento de la ley e instó a “desbloquear” asuntos pendientes, como los nombramientos caducados del nuevo Consejo Económico y Social, paralizados desde hace prácticamente un año.

Cañete también señaló que esta cuestión sí ha sucedido en el ámbito europeo, donde Pimec se ha incorporado recientemente al Comité Económico y Social Europeo (CESE), “reforzando así la voz de las pymes catalanas y españolas en el marco de las instituciones comunitarias”.

Por otro lado, denunció que la “infrafinanciación crónica” que sufre Cataluña constituye un obstáculo añadido para el crecimiento de las pymes y para la competitividad del conjunto de la economía.

El presidente de la entidad exigió corregir este déficit estructural, que limita la capacidad de inversión en infraestructuras, servicios y apoyo empresarial, y reseñó la necesidad de un modelo de financiación más justo y equitativo que cuente con los máximos consensos políticos y que garantice que las empresas catalanas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones con el resto del Estado.