En declaraciones a Radio Nacional, Cardenal indicó que la legislación española autoriza la persecución del delito de genocidio, pero precisó que a definición que se dio del mismo en el Convenio de Viena de 1948 no se ajusta a los hechos por los que se pretende juzgar a Pinochet.

Explicó que el tipo penal de genocidio no permite que se aplique a estos hechos y se ratificó en que en éstos "no se realiza el concepto o la definición de genocidio que se hizo en aquel convenio y que se ha transcrito a nuestros textos legales".

El fiscal general del Estado admitió que el ex dictador cometió "asesinatos en masa, crueldades sin límite y barbaridads", pero insistió en que esos delitos no encajan dentro del concepto de genocidio, por muy repugnantes y condenables que sean.