En un comunicado de prensa, CCO señaló que esa decisión es "un triunfo de la causa de los derechos humanos y una reparación de gran trascendencia para los familiares de las víctimas de detenidos y desaparecidos chilenos".

A su juicio, "estamos ante un precedente muy importante para el fortalecimento de la justicia sin fronteras frente a los crímenes y las violaciones de derechos humanos en el mundo".

UGT señaló que "esta decisión abre una puerta a la esperanza de todos los demócratas del mundo, ya que, a partir de ahora, ningn jefe de Estado podrá sentirse protegido por el poder para cometer delitos contra la humanidad".