El informe, al que ha tenido acceso Servimedia, ha sido remitido esta semana por el Gobierno al Congreso junto a diversa documentación enviada a Chile acerca de la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional.

Tras exponer las "complicaciones y dificultades, prácticamente insuperables" del sometimiento de este asunto a un arbitraje, el informe apuntaba "otras víasposibles de dirimir la controversia". "Entre ellas, la que aparece como relativamente más favorable desde nuestro punto de vista sería la de la Corte Internacional de Justicia".

El informe explica que, una vez demandada por Chile, España "se limitaría a designar un juez ad hoc, contestar a la demanda y participar en el procedimiento con vistas a la resolución del asunto planteado. Nadie podría objetar a esa actuación, perfectamente normal y legítima de un Estado en la defensa de sus intereses jurídico en el plano judicial internacional".

Para reforzar esta posibilidad, el informe de Exteriores asegura que esta situación "no tendría por qué ser necesariamente conflictiva entre los Estados español y chileno, si hubiese sido precedida de las oportunas consultas entre ambos Gobiernos para tratar de aclarar los términos en que se suscitase la controversia y, de ser ello posible, concertarse respecto de algunos de los aspectos relevantes para el planteamiento del asunto ante la Corte Internacional de Juticia y la marcha del procedimiento".

Así, más adelante, el texto apunta que, en caso de que Chile se dirigiera finalmente al Tribunal de La Haya, "no habría que excluir de antemano que las consultas bilaterales exploraran diversas fórmulas para que el eventual litigio ante la CIJ se planteara de la forma más ordenada y consensuada posible y en todo caso no tuviera repercusiones negativas en las relaciones entre los dos países".

ACATAMIENTO

En cuanto a la aplicación en España de un eventual falo negativo, el informe advierte que una sentencia de la Corte Internacional "tendría una mayor autoridad y una mayor fuerza de obligar" que la resolución mediante arbitraje, y que "no podría dejar de ser atendida por los órganos del Estado español, incluyendo los judiciales".

El informe recomienda al Gobierno que complete los estudios de la Administración para recabar todo el material que pueda resultar útil en una negociación bilateral o en un eventual procedimiento internacional, mientras espera a qe las autoridades chilenas superen su "confusión y falta de claridad en cuanto al camino a seguir".

En este punto, el texto considera que por parte de España "se les viene mostrando comprensión, pero se les habría de continuar invitando a que aclaren más sus enfoques y sus propósitos".

Tal y como ya hizo públicamente el ministro de Exteriores español, Abel Matutes, el informe recomienda al Gobierno que deje claro ante Chile "el limitadísimo margen de actuación con que cuenta el poder ejecutivo, eincluso el legislativo, en relación con el judicial, de conformidad con las estipulaciones de nuestra Constitución, lo que alcanza también a la dificultad de ejecución en España de cualquier sentencia o laudo arbitral internacional que afectase a actuaciones en curso de jueces o tribunales en el ejercicio de funciones jurisdiccionales".

Con este argumento, Matutes rechazó públicamente el pasado mes de septiembre la posibilidad de un arbitraje internacional sugerida por Chile y anunció que España acudiía a La Haya si las autoridades chilenas así lo requerían.