Tras publicar el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el sistema de referencia estatal de precios que se aplicará para controlar alquileres en zonas tensionadas, Font cree que “sigue sin disipar las dudas en torno al impacto positivo de la Ley de la Vivienda y genera una serie de cuestiones adicionales”.

En primer lugar, Font se preguntó “quién va a ser el encargado de gestionar esta limitación y si hay una dotación presupuestaria determinada”.

“También será un freno a la incorporación de nuevos inmuebles al mercado de alquiler que no estaban y que llevaban más de cinco años sin ser alquilados, básicamente porque tendrían que ir a dichos precios de referencia. Estamos viendo que entre los precios actuales y los referenciados hay mucha diferencia, por lo que los incentivos para los propietarios son muy reducidos”, concluyó.