Así lo estimó el Ejecutivo en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que estará sometido a audiencia e información pública hasta el 2 de marzo en la web del Ministerio de Hacienda, como órgano proponente.

Ese coste de más de 2,1 millones de euros responde a la ampliación del personal dedicado a las tareas que realiza la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dedicada a la identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, tanto fuera como dentro de España, y su puesta a disposición judicial.

Uno de los pilares de la futura ley de Integridad Pública es la recuperación de los fondos que se hayan detraído por actuaciones corruptas y, para ello, se prevé aumentar las competencias de la ORGA, con un consiguiente refuerzo de su personal.

Hacienda estimó en la Memoria de Análisis de este anteproyecto un presupuesto de 1.190.607,69 millones para el personal perteneciente a la Administración del Estado (AGE). En concreto, se destinarán 71.040,71 euros para el puesto de subdirector adjunto y 59.359,73 euros para una jefatura de área.

Además, habrá cuatro jefes de servicio, con un coste de 208.681,57 euros, y cuatro jefes de sección, de los grupos A1 y A2, con 152.218,24 euros, y otros 16 jefes de sección, de grupos A2 y C1, con un presupuesto de 584.581,6 euros. Asimismo, se completará con cuatro jefaturas de negociado, para las que se calcula un coste de 114.725,84 euros.

Por otro lado, se creará una Unidad Administrativa de la ORGA para el ámbito de la Fiscalía Europea, que estará integrada por tres gestores procesales y un tramitador procesal. El coste de todos ellos será de 178.420 euros.

La ORGA también contará con personal adscrito procedente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un coste 392.000 euros. Esa cantidad se repartirá entre 202.000 euros para cinco guardias civiles y 190.000 euros para cinco oficiales de la Policía Nacional.

La estructura de la Oficina se completará con cuatro técnicos de Hacienda, con un coste de 208.268 euros, y de cuatro agentes de Vigilancia Aduanera, con la misma cantidad presupuestada. En total, el coste de estas ocho personas procedentes de la AEAT será de 416.536 euros.

GESTIÓN DE ACTIVOS

La entrada en vigor de esta futura ley de Integridad Pública incrementará la gestión de activos de la ORGA, algo que obligará a aumentar los medios materiales y humanos y que Hacienda ya contempla en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, todavía sin presentar, según consta en la Memoria.

La Secretaría General de Conservación, Administración y Realización de Bienes estará integrada por una vocalía asesora, una coordinación de área auditoría y contabilidad, y una jefatura de Servicio, Habilitación y Contabilidad. También por tres coordinadores de área, nueve jefaturas de servicio, ocho jefaturas de sección y diez jefaturas de negociado.

Para esta Secretaría General se estima un coste de 1.143,247,60 millones de euros.

Asimismo, existirá una Unidad Administrativa de la Audiencia Nacional para la ORGA, con tres gestores procesales y un tramitador procesal. El coste total asciende a 178.420 euros.

A este incremento de los medios personales, se sumará un refuerzo de los materiales, con el desarrollo de una nueva aplicación informática para la ORGA, con un coste estimado de 5 millones de euros.

La herramienta será modular y conectada con todos los sistemas y aplicaciones de los organismos con los que la ORGA colabora. También facilitará la explotación y el análisis de los datos necesarios para realizar informes y memorias estadísticas.

Esta aplicación trabajará con información confidencial y sensible, y deberá proveer trazabilidad en el acceso a la información, para lo que contará con un nuevo módulo de auditoría. Para ello, se prevé un importe de 2,7 millones de euros en 2026.