En una carta abierta dirigida a estos países, les instó a resolver el déficit actual de financiación de 20.325 millones de euros en este ámbito, para sacar a casi 49 millones de personas del borde de la hambruna y proteger a otros 137 millones de personas en inseguridad alimentaria grave.

También les pidió garantizar una financiación que tenga en cuenta las cuestiones de género, la edad y la discapacidad.

Según datos de 2021, 26 millones de niños y niñas menores de cinco años sufren malnutrición, y de ellos, 5 millones corren el riesgo de morir debido a esta situación. Los conflictos armados como la guerra en Ucrania, el impacto de la crisis climática y las repercusiones económicas de la covid-19 en los precios de los alimentos y la energía han exacerbado estos efectos.

La ONG agregó que en todas las crisis alimentarias las niñas suelen sufrir las peores consecuencias debido a la discriminación, pues "son las últimas en comer y reciben menos alimentos".

Las familias recurren en mayor medida a prácticas perjudiciales para hacer frente a la situación, prosiguió, lo que aumenta el riesgo de que las niñas abandonen la escuela o se vean forzadas a trabajar, contraigan matrimonios forzados, sufran violencia, embarazos precoces, abuso o explotación.

Por todo ello, la misiva de Plan International insta a los líderes del G7 a cumplir con los compromisos que asumieron en la cumbre del año pasado en Reino Unido, donde adoptaron el Pacto del G7 para la Prevención de la Hambruna y la Crisis Humanitaria.

Los puntos a los que se comprometieron los Estados dentro de este acuerdo aún no se han cumplido y, dada la urgencia de la situación actual, Plan International urgió a los Gobiernos a "pasar a la acción".

En su carta, les pide que donen "con antelación para evitar crisis cuyos indicios ya eran patentes desde hace tiempo", apoyar a los Estados en desarrollo para que refuercen y amplíen las medidas de protección social, considerar la perspectiva de género y abordar el uso del hambre como arma de guerra.

Por último, Plan International exigió a los Gobiernos de países ricos que rindan cuentas de forma pública sobre los avances en los compromisos que asumen, especialmente en materia de financiación.