La organización advirtió de que, ”ya sea por la ausencia de consenso político o por falta de voluntad, siguen bloqueadas iniciativas clave e insta a todos los grupos parlamentarios a alcanzar un acuerdo que permita aprobar la ley de protección de la infancia en el entorno digital, incorporando de forma explícita obligaciones legales a las plataformas para garantizar los derechos de la infancia”.

La directora general de Plan International en España, Virginia Saiz, aseguró que “España no puede seguir llegando tarde a la protección de la infancia en el entorno digital. Los riesgos son ya estructurales, estamos ante un cambio estructural en cómo crecen, se relacionan y se desarrollan los niños y niñas, y requieren una respuesta a la misma escala. La regulación no puede seguir siendo reactiva. Necesitamos un marco que proteja derechos en el entorno digital con la misma firmeza que en el mundo físico".

“La urgencia de esta regulación se ve reforzada por los recientes fallos sin precedentes en Estados Unidos, donde varios jurados han considerado a Meta y YouTube responsables de utilizar sus diseños para generar adicción entre los menores, así como de no garantizar la seguridad de sus plataformas al permitir que fueran utilizadas para facilitar el contacto de depredadores sexuales con niños, niñas y adolescentes. Estas decisiones suponen uno de los mayores reveses judiciales para las compañías tecnológicas y marca un precedente en la exigencia de responsabilidades a las plataformas”, destacó la organización.

Plan International considera que este caso “evidencia la necesidad de reforzar los marcos regulatorios en España y en Europa, estableciendo obligaciones claras para las plataformas digitales en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia”.

Asimismo, la organización instó al Gobierno a “convocar de forma urgente a los organismos competentes para evaluar si los trastornos y las adicciones sin sustancia derivados del impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia deben ser considerados un problema de salud pública", y recordó que el Informe del Comité de personas expertas para la creación de entornos digitales seguros, entregado en septiembre de 2024, recoge 107 medidas, entre ellas la recomendación de definir estos trastornos como un problema de salud pública.

Los datos del informe ‘Así Somos’, presentado por Plan International el pasado mes de septiembre, pusieron el acento en este problema. El 84% de las personas adolescentes encuestadas afirmó haber recibido mensajes insistentes con intención de quedar o intimar, incluso tras haber manifestado rechazo, mientras que el 51% señaló haber recibido comentarios racistas, discriminatorios o mensajes de odio.

El impacto también se reflejó en el bienestar y la salud mental. Un 36% de las chicas —frente al 27% de los chicos— reconoció pasar más tiempo del que le gustaría en redes sociales y el 15% de las chicas declaró sufrir trastornos de salud mental, el doble que los chicos. Por otro lado, más de seis de cada diez chicos y chicas temen volverse adictos al móvil y las redes o dejar de hacer otras actividades por pasar tiempo online.