Así lo defendió durante su intervención en el seminario ‘Adicciones y realidades jurídico-penales: Un abordaje desde la prisión hasta la sociedad civil’, organizado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) en Gijón con la financiación del propio Plan y cuyo fin es “profundizar” en el trabajo que diferentes entidades realizan con las personas con drogodependencias que se encuentran en prisión o tienen “cuestiones legales pendientes”.

A este respecto, Villalbí hizo hincapié en que, en España, las políticas de drogas “se basan en los tratados internacionales de drogas”, pero también “en los derechos humanos” y subrayó que, aunque, a su juicio, “ha habido cambios muy positivos en el marco jurídico legal”, en el que UNAD “ha jugado un papel interesante al promover modificaciones legislativas en este ámbito en un sentido progresista” los retos siguen siendo “importantes”.

Por esta razón agradeció a la red la organización de este seminario, que consideró “muy importante, interesante y positivo”, y valoró el trabajo que lleva a cabo UNAD, entidad que, a su entender, como “organización paraguas de tantas organizaciones activas en este ámbito, tiene un papel importante”. “Por eso intentamos ayudar a UNAD y UNAD nos ayuda mucho”, sentenció, para insistir en que el ámbito de “las prisiones relacionado con adicciones” es “muy importante” para el órgano que preside.

UNO DE CADA CINCO ATENDIDOS

Por su parte, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, subrayó que el año pasado UNAD recibió aproximadamente 42.000 demandas de tratamiento por adicciones con y sin sustancia y uno de cada cinco de los atendidos se encuentra en prisión, hecho que tildó de “problemón”.

“En Instituciones Penitenciarias hay más de 50.000 presos, muchos con problemas de adicciones y que han cometido ciertos delitos contra la salud pública y terminan estando en prisión y allí tal vez no sea la solución”, advirtió, para señalar que la red que preside “apuesta” por los colectivos “más excluidos” y persigue “elevar la voz de estas personas, que también tienen sus derechos”.

“La pena privativa de libertad solamente te prohíbe la libertad, pero el derecho a la sanidad, educación y cultura se tienen que cumplir dentro de prisión y a veces no se cumplen”, denunció, al tiempo que abogó por establecer un modelo que “dignifique” a unas personas que, “muchas veces”, ven “violados sus derechos humanos” y con las que UNAD mantiene “un compromiso”.

En este punto, su presidente recordó que la red “intenta hacer presión y que la gente pueda vivir con más libertad y dignidad”, convencido de que “la mejor prisión es aquella que está casi vacía”. “Los que cometen delitos mayores, de millones de euros, a lo mejor no están en prisión y la gente más excluida y pobre, sí”, dijo, convencido de la existencia de una “criminalización de la pobreza”.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

En el actual contexto electoral, urgió al movimiento asociativo a “tener muy en cuenta lo que se necesita defender”, como es, según su criterio, “los derechos y que las personas en exclusión tengan voz y puedan participar en las organizaciones y abrirles las puertas”.

Con respecto a la jornada, organizada con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular de Gijón, llamó a las entidades participantes a “aumentar la coordinación e ir de la mano para reivindicar derechos” y avanzó que el “plato fuerte” será la reunión de la sección norte de UNAD, en la que participarán asociaciones de varias comunidades autónomas.

El encuentro fue concebido como un espacio de intercambio de experiencias prácticas entre profesionales tanto de la red de adicciones como de otros organismos de atención y, además, servirá de marco para la exposición de los principales resultados del último estudio de UNAD sobre la población reclusa con adicciones que, según Poyato representa “un diagnóstico” y busca “mostrar la realidad” para aportar “soluciones” a la situación de las personas con adicciones privadas de libertad.