Así lo indicó Fernández Alén durante su intervención en una mesa redonda sobre previsión social complementaria junto a la responsable de Seguridad Social del departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, Olimpia del Águila; el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo; y la directora general de Inverco, Elisa Rincón, en el VI Foro Emprendedores y Autónomos organizado por Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Fernández Alén indicó que este plan de empleo, el de mayor envergadura que se ha puesto en marcha hasta el momento, supera los 600.000 partícipes y las 65.000 empresas registradas y después de un primer año de andadura, “ahora irá rodando de una manera más importante”. El presidente de la CNC destacó que la construcción aporta el 12,2% de los autónomos que trabajan en España.

Explicó que en el sector de la construcción no existía la cultura del ahorro y una parte de los trabajadores “en ningún momento se había planteado” participar en un plan y ahora lo tienen en un sector en el que “el diálogo social es extremadamente maduro” y el convenio colectivo es de carácter estatal.

Fernández Alén hizo una reflexión general sobre el sistema de pensiones y comentó que “está asegurado”, pero “lo que no está asegurado es la cuantía y de dónde van a salir los fondos”, si habrá “un IVA” o “un nuevo impuesto” para financiar las pensiones públicas. En cualquier caso, animó a hacer “un esfuerzo muy pequeño” de aportación a un plan para tener, pasado un tiempo, “una satisfacción bastante relevante” en el momento de la jubilación.

Desde CCOO, Bravo recordó que las pensiones se pagan con cotizaciones sociales y con transferencias presupuestarias que “hemos acordado todos” y destacó que hoy, la Seguridad Social “está en mejores condiciones para garantizar el sistema”. Calculó que si la tasa de sustitución del salario para la pensión es del 75%, “rellenar ese 25% restante requiere dedicar entre un 6% y un 8% de nuestros ingresos entre los 25 y los 65 años”.

Destacó que el plan de la construcción es “un excelente acuerdo” y manifestó que hay negociaciones en otros sectores para arrancar planes en los que hay “dificultades” por tener otras características. “La estructura de negociación colectiva en un sector es muy relevante, no es lo mismo un sector en el que el salario se fija en el ámbito provincial como el metal”, ejemplificó.

En cualquier caso, valoró que la ley de 2022 que impulsa los planes de empleo, en la que se enmarca el de la construcción, “ha agitado” el debate, si bien lamentó que los incentivos para aportar “han quedado al margen de la reforma” y hay colectivos diana como los empleados públicos que siguen sin aportar.

"SORPRESAS LEGISLATIVAS"

Por parte de CEOE, Olimpia del Águila también defendió que el sistema público “va a sobrevivir al reto demográfico”, pero puso el acento en las previsiones “un tanto inconsistentes” respecto a la financiación y el no haber considerado “conjuntamente” el primer pilar, del sistema público, y el segundo, de planes de pensiones ligados al empleo para mejorar esa financiación.

Del Águila señaló que las cotizaciones por encima de la base máxima son impuestos porque no generan derechos de protección social, así como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), lo que hace que “la dotación a través de la financiación empresarial sea más cara”. También apuntó a “las sorpresas legislativas” como factor que “no ayuda” a impulsar los planes de pensiones.

Desde Inverco, la asociación que agrupa a las entidades de inversión colectiva, Rincón pidió que la Seguridad Social informe por carta de la pensión pública estimada que se cobrará para mejorar la planificación del ahorro y animó a habituarse a ahorrar, pues “100 euros al mes si se acompasa durante 38 años de carrera de cotización” genera unos 100.000 euros con un perfil de riesgo conservador, cuantía que se duplica asumiendo mayor riesgo a la hora de invertir.

Rincón también animó a los autónomos a ahorrar vía plan de pensiones porque “son los únicos trabajadores que pueden elegir” y aportar más que un asalariado con beneficio fiscal, hasta 5.750 euros anuales.