Fuentes del Ministerio señalaron a Servimedia que el encuentro de Planas con el sector pesquero estaba fijado antes de conocerse la posición de la abogada general. Sin embargo, será un asunto que estará mañana sobre la mesa de la reunión, en la que se abordarán las reivindicaciones de los últimos meses de los pescadores y armadores, que han mostrado su apoyo a las protestas del campo europeo.

IMPACTO SIGNIFICATIVO

La Confederación Española de Pesca (Cepesca) indicó en un comunicado este jueves que la anulación del acuerdo con Marruecos “tendría un impacto significativo en la flota de la UE y por ende en la española, e impediría gestionar eficazmente las actividades pesqueras de acuerdo con las normas de sostenibilidad comunitarias en esa parte específica de las aguas de África occidental”.

Para el sector, la actividad pesquera en el marco de los acuerdos entre la UE y Marruecos ha sido enormemente importante para la utilización sostenible y basada en la ciencia de especies como boquerón, sardina, jurel, merluza, cefalópodos o atún.

Según Cepesca, si bien el final del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos no afectará, de producirse, a un gran número barcos de la flota española, ya que en el último protocolo solo se han usado en torno a una veintena de licencias de las 92 posibles, sí significará un gran problema para flotas con pocas alternativas, como la flota española de cerco o palangre de fondo, principalmente con base en los puertos andaluces de Barbate, Conil o Tarifa.

En opinión de Javier Garat, secretario general de Cepesca, la posible anulación definitiva “supondría otro golpe significativo en medio de unas circunstancias ya complicadas para las empresas y los marineros de las flotas andaluza, gallega, vasca y canaria que han faenado en esas aguas, además de suponer una nueva restricción a la actividad pesquera de nuestra flota, sometida en los últimos meses a numerosos cierres de caladeros”.

La Abogada General de la Unión Europea considera que el acuerdo pesquero alcanzado con Marruecos en 2019 “deberá anularse” porque no trata al Sáhara occidental y las aguas adyacentes de forma separada y distinta al Reino de Marruecos. A su entender, el Consejo de la UE "se equivocó por no respetar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”.