En su intervención en el hemiciclo, Planas alertó del problema que supone la sequía para el sector primario y cómo las previsiones a medio plazo “no cambian la tendencia a pesar de las lluvias”.

El ministro indicó que el pasado año hidrológico fue un 5% inferior a la media de los últimos destacando que la situación entre octubre y marzo “no ha hecho sino que empeorar”. Según Planas, la previsión del Gobierno es que tenga un alcance de económico de 450 millones de euros “en repercusiones directas para el sector”.

El decreto incluye medidas de carácter fiscal, como la reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos). Planas mencionó que se estima que la medida beneficie a 918.000 agricultores y ganaderos, reduciendo la base imponible en más de 500 millones de euros y en cuotas del IRPF una cantidad de 82,3 millones de euros.

También destacó la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones para explotaciones agrarias y ganaderas que tengan una reducción del 30% de producción en campañas anteriores. Se estima que la medida tenga un impacto “como mínimo” de 200 millones de euros.

Asimismo, se ha puesto a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros y se elevan en 11 millones y se elevará en 11 millones la dotación del seguro agrario.

En relación con la Política Agraria Común (PAC), Planas anunció la respuesta positiva de la Comisión Europea sobre el incremento de los adelantos del mes de octubre y subrayó la política de flexibilización de los cultivos aprobada por la Unión Europea.

Respecto a las medidas sociales, Planas destacó los aplazamientos para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5 %.

En el caso de las empresas, los períodos de devengo iban a durar inicialmente hasta mayo, pero la aprobación del plan de choque para atajar el impacto económico de la guerra prolongó el período hasta junio y estableció un periodo máximo de amortización de 16 meses.

El ministro también destacó una medida “habitual” en tiempos en sequía como es la reducción de 35 a 20 en el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria.

Asimismo, mencionó la equiparación de la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.

Planas apuntó que el real decreto “debe leerse de forma complementaria” al aprobado este martes por el Consejo de Ministros para atajar el impacto económico de la guerra de Ucrania y apuntó que “manifiesta la voluntad del Gobierno de trabajar por el conjunto del sector primario”.