"El derecho a la vivienda no puede ejercerse vulnerando el derecho a la propiedad privada", manifestó la Plataforma, quien lamentó que este decreto no haya sido convenido por los afectados por la ocupación, "principales afectados" por estas medidas al ser "obligados" a "mantener" a familias vulnerables que el decreto "no protege" y a "miles de inquiocupas" que "se aprovechan" de esta medida.

Asimismo, señaló que esta medida, que se aprueba por séptimo año consecutivo, fue planteada inicialmente como una medida provisional para hacer frente a la crisis del Covid-19. "Se vuelve a acordar pese a que, como marca el decreto, el gobierno no se ha hecho responsable de las familias vulnerables durante los seis años de ejecución", denunció la Plataforma, quien señaló que la falta de vivienda social, así como la falta de dotación presupuestaria vinculada al decreto, hace que las administraciones públicas "hayan derivado su responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a familias vulnerables hacia los pequeños tenedores".

En este sentido, indicó que la oferta del mercado del alquiler en España está constituida por un 93,4% de viviendas que pertenecen a familias con una única vivienda en alquiler. "En ningún caso se trata de un mercado en manos de grandes tenedores o fondos de inversión, por lo que la paralización de desahucios y la dejación de funciones del gobierno volverían a asfixiar a miles de familias que por decreto se ven obligadas a mantener a las familias vulnerables", explicó la Plataforma.

Por este motivo, pronosticaron el mercado del alquiler "seguirá tensionado", ya que el gobierno se limita a "congelar" la situación en lugar de dar una solución habitacional alternativa. "Al no haber una inversión real en vivienda pública o partidas directas de servicios sociales, el propietario se convierte en un asistente social forzoso sin tener las facultades ni los recursos para ello, lo que propiciará que los pequeños tenedores sigan retirando sus activos del mercado por miedo a la inquiocupación, disminuyendo aun más la oferta y aumentando los precios", aseveró.

Además, denunció que mucho 'falsos vulnerables' se aprovechan de las lagunas legales de este decreto. "El gobierno se escuda en unas compensaciones a los afectados por la paralización de desahucios que no llegan", aseguró la Plataforma, quien indicó que solo el 7% de los afectados habían recibido la compensación.

Por último, pidió al gobierno la derogación de este decreto buscando fórmulas alternativas para atender a los colectivos vulnerables y animó al Ministerio de Vivienda a ofrecer los recursos habitacionales de Casa47 a las familias declaradas vulnerables.