Bravo compareció en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, donde reclamó “ayuda y de todos los partidos políticos posibles” y lamentó que algunas formaciones “no nos quieren ni ver”.

Bravo señaló que quienes sufren la ocupación no son bancos, ni fondos ni rentistas, puesto que, según indicó, el 98% de los afectados tiene una única vivienda. “No somos criminales”, se defendió.

Bravo pidió un debate parlamentario sobre esta problemática y recordó que ha trasladado enmiendas a PP y Junts para incorporarlas a las iniciativas que están en el Congreso “paralizadas”.

El portavoz de la organización lamentó que el Gobierno está “metiendo en un cajón” la okupación e inquiokupación y consideró que debe “garantizar” los derechos ciudadanos, “incluido el de la convivencia pacífica y el de la propiedad”. Dijo que se han enviado cartas desde octubre de 2021 a los ministros de Vivienda y de Justicia que han pasado por estas carteras sin haber recibido respuesta y lamentó que no haya habido una reunión con la titular de Vivienda antes de aprobarse la Ley de Vivienda. Habló de “abandono institucional” y llamó a los grupos a que “acompañar” a los afectados.

Bravo indicó que los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en 2024 hubo unos 20.500 desahucios por impago del alquiler.

Como medidas legislativas, planteó una ley integral que incluya la okupacion, inquiokupación y vecinos convivientes, modificaciones legislativas de la ley de Vivienda, de la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, modificar el proyecto de real decreto por el que “se iba a dar una ayuda a familias desahuciadas incluidas inquiokupas” y “la derogación de lo que ustedes llaman escudo social” en cuanto a la paralización de desahucios porque sus responsabilidades se derivan a las familias propietarias.